El informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al que accedió este medio, no solamente señala que el Gobierno de Evo Morales cometió ejecuciones extrajudiciales y torturas. Va más allá, y sentencia que violó la Convención Americana porque convirtió la detención preventiva en punitiva, sin respetar la presunción de inocencia o el derecho a la defensa. Por todo esto, Bolivia está en puertas de un juicio internacional si no cumple cuatro requisitos.
El Gobierno de Luis Arce calla.
EL DEBER accedió al informe de fondo 394/2021, referido al caso 13.546 presentado por Mario Tadic Astorga y otros. El documento está fechado el 21 de diciembre de 2021.
El Estado boliviano está acusado de vulnerar los derechos humanos de 39 ciudadanos, quienes estuvieron hasta 10 años tras las rejas, ‘de manera preventiva’. Los cargos estaban vinculados con el “caso Rozsa” de 2009.
Por ello además de esta, existen al menos otras cinco demandas planteadas ante ante la CIDH. Este caso, presentado por Mario Tadic, Elöd Tóásó, Alcides Mendoza, Juan Guedes, y la familia de Micheal Dwyer, acribillado durante la toma del Hotel las Américas en 2009, está a punto de llegar a un juicio internacional.
Un elemento que une a los peticionarios en este caso, con los 39 ciudadanos fue que también estuvieron privados de libertad hasta por 10 años, pese a las acciones que presentaron sus abogados en las que garantizaban que los acusados iban a seguir el proceso sin interferir ni fugar.
El documento: