La Fiscalía Departamental de Santa Cruz revisa la resolución que dispuso el cierre del caso por caza ilegal de jaguares en Bolivia, luego de que se conocieran denuncias sobre presuntas omisiones y deficiencias en la investigación contra una empresa argentina acusada de organizar cacerías clandestinas en el Área Natural de Manejo Integrado San Matías, una de las reservas más extensas del país.
EL DEBER pudo confirmar que existe una resolución fiscal de rechazo de denuncia, emitida en agosto de la presente gestión, que cerró el proceso en primera instancia. El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que, tras verificar que dicha resolución figura en los sistemas digitales del Ministerio Público, solicitó que los informes del caso sean remitidos a su despacho para su análisis y eventual reapertura o revocatoria, si se constatan irregularidades.
“Dentro de los plazos y términos legales, previa notificación de todos los sujetos procesales para que puedan apelar u objetar la resolución, esta Fiscalía Departamental verificará si se realizaron todos los antecedentes y actuados necesarios para descubrir la verdad histórica y material de los hechos, así como para individualizar responsabilidades”, explicó Zeballos.
El fiscal aclaró que la resolución no es definitiva y que se encuentra sujeta a apelación u objeción por parte de quienes se hubieran apersonado como parte civil en el proceso. “Si constatamos ausencia de diligencias relevantes, con seguridad la resolución será revocada para que continúen las investigaciones”, advirtió.
Un caso de caza ilegal
El caso investiga a la empresa Caza & Safari, cuyo propietario, el argentino Jorge Néstor Noya, es señalado como uno de los principales operadores de una red internacional de tráfico de fauna silvestre. En Argentina, Noya enfrenta procesos judiciales por liderar lo que se considera el mayor caso de caza y tráfico ilegal de fauna detectado en ese país.
Según una investigación desarrollada por Mongabay, Noya habría llevado durante décadas a clientes extranjeros —principalmente estadounidenses y europeos— a cazar jaguares en el oriente boliviano, especialmente en el ANMI San Matías. La caza de un jaguar en Bolivia habría llegado a costar hasta 50.000 dólares por “trofeo”.
El jaguar es una especie protegida en Bolivia. Se estima que en el país sobreviven poco más de 3.000 individuos, y especialistas han pedido que su categoría pase de vulnerable a en peligro de extinción.
Denuncias y pruebas presentadas
El abogado boliviano Rodrigo Herrera, representante legal de los denunciantes —la activista Lisa Mirella Corti y el guardaparque Marcos Uzquiano—, explicó, precisamente a Mongabay, que la denuncia penal en Bolivia fue presentada en diciembre de 2024. Posteriormente, se conformó una comisión de investigación integrada por la Fiscalía del municipio de San Matías, la Fiscalía especializada en delitos ambientales de Santa Cruz y la Fiscalía General, con sede en Sucre.
Herrera señaló que, durante la investigación, la parte demandante presentó numerosas pruebas, entre ellas fotografías, testimonios y un informe oficial de la Fiscalía argentina, que incluiría información extraída del teléfono celular de Noya y confirmaría su presencia en Bolivia en noviembre de 2023, realizando actividades de caza ilegal.
Sin embargo, en julio de este año, el proceso dejó de figurar en el sistema digital del Ministerio Público. “En la Fiscalía de Santa Cruz nos dijeron que el fiscal de San Matías había cerrado el caso por insuficiencia de pruebas, pero nunca fuimos notificados formalmente”, afirmó Herrera, quien anunció que insistirán en reactivar el proceso y solicitar la extradición de Noya.
Por su parte, Lisa Mirella Corti, integrante del colectivo El llanto del Jaguar, denunció que en Bolivia no se realizaron allanamientos ni se destinaron recursos para investigar el caso. “Tenemos fotografías profundamente crueles: se ve a Noya y a sus clientes posando con jaguares muertos en Bolivia. Es un crimen transnacional y no se lo puede cerrar de esta manera”, sostuvo.
Contraste con la investigación en Argentina
Mientras en Bolivia el caso fue cerrado en primera instancia, en Argentina la investigación avanzó con 12 allanamientos en varias provincias, el embargo de 37 vehículos, un inmueble de alto valor en la costa atlántica, tres predios de caza, y la incautación de 44 armas de fuego y 7.951 taxidermias, señala el reportaje.
La causa se tramita en la Fiscalía Federal N.º 1 de Lomas de Zamora y el Juzgado Federal N.º 2 del mismo distrito. Según esa investigación, Noya habría ingresado a Bolivia de manera irregular, incluso en avionetas sin registro migratorio, utilizando rutas cercanas a zonas controladas por redes del narcotráfico.
Fiscalía advierte posibles sanciones
En todo caso, Zeballos informó que verificó personalmente la existencia de la resolución en los sistemas JL2 (Justicia Libre) y ecosistema Roma, y que pidió informes a los fiscales asignados y a la comisión investigadora para conocer los fundamentos del cierre del caso.
“Si se verifica negligencia, omisión o irregularidades en el proceder de los fiscales, se emitirán las advertencias correspondientes y se evaluará el inicio de procesos”, advirtió.
Las partes notificadas tendrán un plazo de cinco días para objetar la resolución, y la Fiscalía contará con un plazo legal de diez días para definir si corresponde reabrir o revocar la causa.
“El objetivo del Ministerio Público es precautelar la biodiversidad, el ecosistema y el medio ambiente, no solo en nuestra región sino también fuera del país”, concluyó el fiscal departamental.