“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del informe GIEI, el Informe Cohesión Social, la Relatora para la Independencia de Justicia, y últimamente la presidenta de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Sucre, han mencionado la necesidad de contar con jueces imparciales, con independencia y sin interferencia política dentro de la actividad judicial”, señaló el Defensor del Pueblo, sobre el caso Consorcio, en contacto con medios de comunicación.
El Ministerio Público investiga un presunto caso de consorcio que involucra a autoridades que habrían intentado destituir de forma irregular a la magistrada titular Fanny Coaquira, para ocupar su puesto en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. El hecho involucra, entre otros, al exministro de Justicia, César Siles y un juez del municipio de Coroico, Marcelo Lea Plaza, que tiene detención preventiva por seis meses.
El Defensor del Pueblo pidió una pronta investigación para determinar las responsabilidades de todos los que estuvieran involucrados en esta situación. ”El pueblo quiere justicia, que se conozca la responsabilidad de estas personas y se aplique la ley independientemente de que sean políticos o no políticos, poderosos o no poderosos, por igual a todos”, concluyó.
El escándalo continúa
El escándalo por presunta manipulación en el sistema judicial boliviano sigue creciendo. Este miércoles, el abogado José Ramiro Uriarte Ortiz fue aprehendido por la Fiscalía, convirtiéndose en el cuarto implicado del llamado “caso Consorcio”, una investigación que ha destapado supuestas redes de coordinación irregular entre jueces, vocales y exautoridades del Ministerio de Justicia.
Uriarte se presentó voluntariamente a declarar ante el Ministerio Público, pero fue aprehendido y trasladado con el rostro cubierto a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde permanece a la espera de su audiencia cautelar.
El caso, que provocó la renuncia del exministro de Justicia César Siles, gira en torno a una presunta maniobra para apartar ilegalmente a la magistrada titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, con el objetivo de que su suplente, Iván Campero Villalba, asumiera el cargo. Campero fue aprehendido el martes, también tras presentarse a declarar ante la Fiscalía.