El Gobierno, a través de la Procuraduría General del Estado, logró que la Fiscalía admita la ampliación de la denuncia del Caso Botrading I contra seis exfuncionarios de YPFB Corporación, con lo que suman 16 los procesados por contratos lesivos al Estado y otros delitos; la acción fue presentada el 7 de enero de 2026, admitida el 8 de enero por el Ministerio Público en La Paz, y se enmarca en una investigación impulsada por el Viceministerio de Transparencia, manteniendo como principal imputado al expresidente de la estatal petrolera: Armin Dorgathen, que permanece prófugo.
Según el documento fiscal, la comisión de fiscales de la Fiscalía Especializada en Delitos Anticorrupción, sigue el proceso a instancias del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y la Procuraduría, por una batería de delitos que incluye uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, falsedad material e ideológica, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, sociedades ficticias, enriquecimiento ilícito y obstrucción de la justicia.
La ampliación incorpora a Ramiro Martín Dipp Idiaquez, Abigaíl Ana Tambo Cantura, José Ernesto Andia Ferrufino, Walter Elías Monasterios Orgaz, Gabriela Liceth Peña Vargas y Enrique Flores Mancilla, quienes se desempeñaban como funcionarios de YPFB al momento de los hechos. A ellos se les atribuyen, de manera específica, los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
En el grupo inicial de imputados figuran, entre otros, Sandra Bethania Otazu Vera, Cinthia Pedraza Rodríguez, Gabriela Delgadillo Salazar, Julio Camargo, Omar Alarcón Saigua, Félix Cruz, Rolando Ayala, Joel Callaú y Miguel Ángel Colque, además de Armin Dorgathen Tapia, señalado como el principal responsable del esquema investigado.
El memorial de ampliación fue admitido mediante decreto fiscal fechado el 8 de enero de 2026 y está firmado por los fiscales Ronald Lendy Jurado Aduviri y José Omar Yujra Paucara, quienes confirmaron la prosecución de las diligencias para establecer responsabilidades penales y el daño económico al Estado.
El Caso Botrading I estalló tras denuncias sobre contratos de intermediación y provisión de combustibles que habrían generado perjuicio económico a YPFB y al Estado, favoreciendo a empresas vinculadas mediante operaciones irregulares.
La investigación derivó en múltiples imputaciones y medidas cautelares, además de pedidos de cooperación internacional.
En ese marco, Armin Dorgathen fue reportado en Brasil, donde fue avistado tras salir del país, situación que motivó alertas y gestiones para su ubicación y eventual extradición, mientras la Fiscalía continúa ampliando el cerco penal sobre los presuntos responsables del caso.