La crisis ambiental que golpea a Viacha ya es una emergencia de salud pública respaldada por evidencia. En ese municipio operan 23 plantas que lixivian residuos mineros traídos de otros departamentos; 21 carecen de licencia ambiental y solo dos cumplen a la vez con la licencia del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y la licencia municipal. Análisis de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapav) hallaron cianuro libre en instalaciones de Dinámycos y Rupaymin, y pruebas previas detectaron el químico en pozos de Jacha Kollo y Jacha Mallku. Lo más grave: en Rupaymin se encontró agua contaminada en un lavamanos conectado a un tanque industrial abastecido por cisternas; es decir, líquido envenenado que se vende para consumo humano en otras comunidades.
La contaminación proviene de tres frentes que se potencian: las aguas servidas de El Alto que degradan la microcuenca del río Pallina; las emisiones de ladrilleras, cerámicas y de la cementera; y la minería que perfora bolsones subterráneos para extraer agua de proceso. Aunque esos pozos no abastecen la red de Viacha, el impacto es innegable: infecciones gastrointestinales y urinarias, ganado flaco, leche escasa, cultivos arruinados y migración. “Quedarse es morirse envenenados”, resume un comunario. La amenaza ya no es local: el Pallina y el Katari desembocan en el lago Titicaca.
La respuesta estatal ha sido tardía y complaciente. Desde 2024, la Defensoría del Pueblo articuló un comité interinstitucional; se inspeccionaron 21 de 23 plantas y se capacitó en toxicología. Pero la ejecución llegó a cuentagotas: casi no hay clausuras, sanciones ni remediación. El Concejo Municipal aprobó una ley para expulsar a las mineras; el alcalde Napoleón Yahuasi promete aplicarla, mientras concejales y dirigentes lo acusan de opacar información y desacatar controles. La desconfianza es tal que comunarios de Seque Jahuira rechazaron tomas de sangre por temor a la manipulación de resultados.
A la desprotección se suma la violencia. Dirigentes del OGC Pallina —Juan Pablo Yujra y Alex Callisaya, entre otros— denunciaron llamadas anónimas, difamaciones en redes y encapuchados en motocicleta; hubo amenazas a sus familias y trabas policiales al denunciar. Pastor Carvajal, que llevó el caso ante la ONU, fue amedrentado tras su intervención. En Viacha, proteger el agua equivale a ponerse en la mira, y esa presión fractura a las comunidades.
El 27 de agosto de 2025, la Defensoría demandó respuestas urgentes ante riesgos al agua, la salud y el ambiente en Seque Jahuira, Mamani y Contorno Bajo. El pronunciamiento es necesario, pero insuficiente. Ruta mínima: I) clausura de todas las plantas sin licencia y suspensión de las que incumplen parámetros; II) auditoría independiente con monitoreo público y participación vinculante de las comunidades; III) plan de remediación con metas trimestrales y financiamiento de los responsables; IV) atención sanitaria prioritaria con tamizajes consentidos y vigilancia epidemiológica; V) medidas de precaución en la cuenca Katari–Titicaca, control de cisternas y trazabilidad del agua vendida.
El silencio es complicidad. Viacha no necesita otro comité ni otro “informe en elaboración”, sino decisiones firmes y transparentes. Hay evidencia, hay norma y hay víctimas. Que se haga valer la ley y la ética pública: cerrar lo ilegal, reparar lo dañado, sancionar a los responsables, transparentar la información y proteger a quienes cuidan el agua. Solo así, Viacha dejará de envenenarse y Bolivia de avergonzarse.