El deterioro evidente y progresivo de la red vial del país ya no es un problema de orden técnico. Es una señal inequívoca de abandono. En 2025, la gestión gubernamental del Movimiento al Socialismo (MAS) destinó menos del 7% del presupuesto de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) al mantenimiento, una cifra que resulta alarmante si se considera que el país cuenta con alrededor de 17.000 kilómetros de red vial fundamental bajo su administración. Con un promedio anual que no supera los Bs 19.000 por kilómetro, el monto asignado es insuficiente incluso para tareas elementales de bacheo, particularmente en regiones castigadas por frecuentes e intensas lluvias de la temporada.
Las consecuencias de esta desatención son visibles y costosas. Rutas clave presentan hundimientos, fisuras, señalización deficiente y tramos prácticamente intransitables. No se trata solo de incomodidad puesto que los daños a los motorizados se multiplican, elevando los costos de operación del transporte público y del sector productivo. Peor aún, el riesgo para viajeros y transportistas aumenta cada día, con accidentes que podrían prevenirse mediante intervenciones oportunas. Dirigentes del transporte pesado han denunciado que las vías del país se encuentran en estado de abandono y que al menos un 60% de la red caminera presenta daños severos. El influyente sector gestiona una audiencia directa con el presidente Rodrigo Paz y algunos ministros de Estado para plantearles el problema y la ‘cruda realidad’ que soporta el transportista boliviano.
El caso de Santa Cruz es paradigmático. Se requieren al menos Bs 126 millones para atender las necesidades más urgentes, pero apenas se dispone de Bs 60 millones. Esta brecha financiera no es una simple cifra en un informe técnico; es la diferencia entre preservar la infraestructura o dejarla colapsar. En un departamento que es motor económico del país, la precariedad vial golpea directamente a la producción agroindustrial, al comercio y a la integración regional.
Según estudios de gestión vial realizados por la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo, advierten que cada dólar no invertido en el mantenimiento oportuno de las carreteras, puede hasta triplicar el costo de una rehabilitación futura.
Especial preocupación merece la carretera bioceánica, estratégica porque conecta al departamento cruceño con Brasil y articula el comercio hacia el Atlántico. Este corredor internacional, llamado a potenciar la competitividad boliviana, es hoy una de las rutas más afectadas por la falta de mantenimiento. Su deterioro no solo encarece el transporte de mercancías, sino que erosiona la imagen del país como socio confiable en el tránsito regional.
La infraestructura vial no es un gasto superfluo; es una inversión en desarrollo, seguridad y cohesión territorial. Cada kilómetro abandonado implica mayores costos futuros de rehabilitación. La experiencia demuestra que postergar el mantenimiento preventivo multiplica exponencialmente el gasto en reconstrucción. Sin embargo, la actual asignación presupuestaria parece ignorar esta lógica elemental de gestión pública.
Bolivia no puede aspirar a integrarse competitivamente a los mercados internacionales ni garantizar condiciones seguras de transporte interno si descuida la columna vertebral de su conectividad terrestre. La red vial es el sistema circulatorio de la economía y cuando se obstruye, todo el organismo se resiente.
La situación exige una rectificación urgente. Incrementar los recursos destinados al mantenimiento no es una concesión sectorial, sino una decisión estratégica. De lo contrario, el país seguirá pagando un alto precio en vidas, competitividad y desarrollo por la falta de previsión y compromiso con una infraestructura que debería ser prioridad nacional.