Lo que ocurre en Santa Cruz ya no admite eufemismos ni silencios cómodos. Tiene que ver con el avasallamiento de tierras que se ha convertido en una práctica sistemática, violenta y, sobre todo, impune. Más de 300 predios tomados ilegalmente en el Departamento, según ha denunciado la Cámara Agropecuaria del Oriente, no son un dato estadístico frío; son la radiografía de un Estado que parece haber renunciado, en los hechos, a ejercer autoridad y a garantizar derechos fundamentales como la propiedad, la seguridad y la vida.
La agresión violenta y cobarde que dejó gravemente herido al cacique chiquitano Ricardo Peña (76) en San José de Chiquitos, marca un punto de inflexión doloroso. No se trata solo de un ataque individual que debe ser esclarecido cuanto antes, sino de una señal alarmante de cómo la violencia asociada a los avasallamientos ha escalado hasta afectar a pueblos indígenas que históricamente han sido despojados y marginados. Que un líder comunitario sea atacado por defender su territorio ancestral desnuda el fracaso absoluto de las políticas de protección a las naciones y pueblos indígena originarios. Además de exigir la aprehensión inmediata de los agresores del cacique Peña, el Comité pro Santa Cruz ha solicitado la pronta intervención del Ministerio de Gobierno y del Ministerio Público para enfrentar un problema de larga data en la región como el referido a la tierra, su tenencia y las ocupaciones irregulares.
Las comunidades afectadas denuncian lo que ya es muy evidente como la impunidad, el abandono del Estado y una total falta de seguridad jurídica. Denuncian que presentan papeles, títulos ejecutoriales y resoluciones legales que no valen nada frente a la fuerza bruta de grupos organizados que ingresan armados, destruyen, amedrentan y se instalan en propiedades ajenas con la certeza de que nadie los sacará. Esa certeza no surge de la nada; nace de años de omisión, complicidad y cálculos políticos que han priorizado intereses coyunturales por encima del Estado de derecho.
El avasallamiento no es un conflicto social espontáneo, como a veces se pretende presentar. Es un negocio y un mecanismo de control territorial que opera bajo la mirada pasiva -cuando no complaciente- de instituciones llamadas a prevenirlo y sancionarlo. Mientras fiscales miran a otro lado y jueces dilatan decisiones, las víctimas acumulan pérdidas económicas, traumas y, ahora, sangre.
En este contexto, el anuncio de la Gobernación cruceña de presentar un plan de desalojo de los predios avasallados con apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas es una señal política relevante, pero insuficiente si no viene acompañada de voluntad real del Gobierno central. En un marco legal que necesariamente tiene que ser observado, el uso de la fuerza pública para restituir la legalidad no puede ser selectivo ni temporal; debe ser parte de una estrategia integral que incluya investigación penal, sanciones ejemplares y garantías de no repetición.
Es de esperar que en ese sentido, sea real y efectivo el compromiso del presidente Rodrigo Paz, del Órgano Judicial, de la Fiscalía y de los sectores productivos, de respaldar la erradicación de raíz de las mafias del tráfico de tierras.
No se puede hablar de paz social mientras se tolere la ley del más fuerte. No se puede invocar justicia social mientras se atropella a comunidades indígenas y propietarios legales. Y no se puede construir desarrollo en un territorio donde la inseguridad jurídica espanta inversiones y condena a la población a la incertidumbre permanente.
Santa Cruz no pide privilegios; exige que se cumpla la ley. Demanda que el Estado deje de ser un espectador y asuma su rol indelegable de garante del orden democrático. Cada día que pasa sin una respuesta firme, los avasalladores avanzan y la institucionalidad retrocede. Y cuando el Estado se retira, la violencia ocupa su lugar. Esa es la lección más dura e irrepetible que hoy nos deja la tierra avasallada impunemente en nuestras llanuras grigotanas.