Dunia Sandóval |ex vocal del TSE La evaluación de la integridad de una elección debe basarse en elementos técnicos y parámetros internacionales, no en percepciones subjetivas que pongan en duda el proceso. En estos comicios, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y todo el personal del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) cumplieron cabalmente con sus funciones. Esto merece un reconocimiento especial, tras años de desconfianza en la institución debido a hechos de conocimiento público. La organización del proceso siguió todos los procedimientos y el calendario electoral se cumplió sin contratiempos. El sistema de transmisión rápida de actas (SIREPRE) operó con eficiencia, si bien cabe observar que en esta ocasión el ciudadano no tuvo acceso a las fotografías de las actas para su contraste. Las cadenas de custodia del material electoral no registraron inconvenientes; las maletas electorales llegaron a los recintos y, posteriormente, a los centros de cómputo sin novedad. El episodio excepcional ocurrió en Ginebra, Suiza, donde un individuo destruyó un ánfora electoral, un hecho aislado que fue manejado con prontitud por el notario electoral y las autoridades locales. Por lo demás, la jornada transcurrió con normalidad. No obstante, es crucial señalar un aspecto de la legislación vigente: los vacíos legales que permitieron la inscripción tardía y el reemplazo de candidatos. El caso más extremo fue el del candidato Jhonny Fernández, quien dejó en blanco el espacio para la vicepresidencia y presentó a su compañera de fórmula, Rosa Huanca, apenas tres días antes de los comicios. Estas ambigüedades generaron incertidumbre y provocaron que no todos los nombres y fotografías de los candidatos a diputados uninominales figuraran impresos en las papeletas. Este es un aspecto que debe ser corregido con urgencia para garantizar la certidumbre del electorado. Por otro lado, es imperioso destacar la ejemplar voluntad ciudadana, particularmente de los jurados electorales y los voluntarios que participaron en el control. La capacitación de los jurados, a cargo del OEP, se realizó de manera presencial y virtual. Su eficacia y la responsabilidad ciudadana se vieron reflejadas en la ausencia de incidentes, apoyados por veedores ciudadanos. Asimismo, fue positiva la presencia de misiones de observación nacional, como las de “Cuido mi Voto”, la Fundación Jubileo y la Fundación Construir. Desde mi experiencia como ex vocal del TSE, considero que el informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) ofrece una evaluación balanceada y constructiva que merece un análisis detenido. En primer lugar, es crucial resaltar su reconocimiento al compromiso cívico de la ciudadanía, al trabajo de los jurados y, fundamentalmente, al profesionalismo del OEP. Este último punto no es un elogio menor; confirma que la institucionalidad electoral ejecutó unos comicios complejos en estricto cumplimiento del cronograma, un logro operativo significativo. Sin embargo, el valor central del informe reside en sus recomendaciones de cara a la segunda vuelta, orientadas sabiamente a profundizar la transparencia y la confianza. La Misión fue enfática al instar a una participación más integral de las organizaciones políticas en todas las etapas de preparación, especialmente en las pruebas de los sistemas tecnológicos. Este es un punto crítico: la observación y el control permanente por parte de los actores políticos son el antídoto más efectivo contra la desinformación y las suspicacias. El análisis del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (SIREPRE) es paradigmático. Aunque la MOE/OEA lo calificó de “exitoso”, sus sugerencias apuntan a elevar su transparencia. La publicación en tiempo real de las actas procesadas y el acceso directo de los partidos a los repositorios completos no son meros detalles técnicos; son medidas concretas que blindan el proceso contra cuestionamientos y dotan de verificación tangible a los resultados. Implementarlas demostraría una voluntad inequívoca del Tribunal por abrirse al escrutinio. Finalmente, la recomendación de establecer una mesa de seguridad electoral interinstitucional es acertada y urgente. La coordinación entre el OEP, la Policía y las Fuerzas Armadas para centralizar la respuesta ante incidentes es una lección aprendida de comicios previos en la región. Garantizar un entorno pacífico no es un añadido, sino un requisito sine qua non para que la voluntad popular se exprese en libertad y se proteja la integridad de todo el proceso. La implementación de estas recomendaciones será la verdadera prueba de fuego para consolidar la legitimidad de esta segunda vuelta. En síntesis, se condujo un proceso electoral exitoso con el que culmina la gestión de los vocales electos en diciembre de 2020. En los próximos meses, la Asamblea Legislativa Plurinacional designará nuevas autoridades, que tendrán el compromiso de mantener alta la vara de la institución, garantizar la integridad en futuros comicios y, sobre todo, brindar certidumbre a la ciudadanía para sostener el clima de confianza que todo sistema democrático merece.
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