Una sola frase resume el drama que viven miles de pacientes en Santa Cruz. “La enfermedad no espera”, declaró el pasado julio Lihetzer Zenteno, vocera de la Asociación de Familiares de Pacientes con Cáncer, a EL DEBER. Un mes después, la situación no ha cambiado. Los trabajadores de salud recurren al paro continuado como principal medida de presión para exigir el pago del bono vacunación o el aumento en la dotación de medicamentos o el incremento de ítems; en fin, para presionar por cualquiera de sus múltiples demandas insatisfechas.
La disputa entre el Fesirmes –institución que agrupa a diversas ramas de trabajadores en el área de salud– con las autoridades locales y departamentales es de larga data. Solo en 2024, se computaron más de 40 días de paro. Es esos días, la población enferma es la que padece tanto la irracional medida del sector como la ineficiencia de un sistema de salud decadente.
Ciertamente, ahondar en las causas de una crisis de salud tan estructural como la que se vive en Santa Cruz –y seguramente en el resto del país– da rabia. Los discursos grandilocuentes de las autoridades nacionales, departamentales y municipales para ensalzar sus ‘acciones’ en materia de salud no se sustentan en una realidad dolorosa. Los mismos médicos, muchas veces miembros de estas mismas instituciones rectoras de la salud, levantan la voz para denunciar las falencias profundas que padecen.
La crisis en salud comienza con el descuido del Gobierno central, más dado al juego político que a la implementación de soluciones estables y duraderas para el sector. Su ‘reparto’ más que discrecional de ítems a profesionales de salud es una manera burda de premiar o castigar a las regiones. Desde Santa Cruz se reclaman más de 10.000 ítems para cubrir la deuda histórica que se tiene –no solo con la capital, sino con toda la región– para poder ofrecer una atención digna y amplia a la población. Sin embargo, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) regional ha recibido una catarata de atribuciones y responsabilidades delegadas en vez de los tan ansiados ítems.
La inoperancia en materia de salud es la característica recurrente en las últimas administraciones departamentales. Carentes de liderazgo, que en otros tiempos fue un factor fundamental para la planificación y ejecución de las políticas de salud, las autoridades que han encabezado tanto la secretaría departamental de salud como la dirección del Sedes no han pasado de la crítica, el lamento y el reclamo en sus gestiones, algunas de ellas, es menester recordarlo, ensuciadas con actos de corrupción.
Y al bajar al terreno municipal – sobre todo en el área que abarca la capital del departamento – el panorama no mejora. La extensa infraestructura de centros de salud municipales no concuerda con el nivel de desatención y abandono en el que operan. Sin medicamentos, sin equipamiento y con insuficiente personal para garantizar una adecuada atención a la población; estos centros replican a menor escala la problemática anteriormente reseñada.
La radiografía del actual sistema de salud se agrava aún más con un sindicalismo férreo e intolerante, con una dirigencia empernada por más de 20 años sin capacidad de gestión y con nula aptitud para el diálogo. Para ellos, el bloqueo y el paro suponen la única forma de interpelación a las autoridades.
Mientras todo eso ocurre, miles de pacientes ven consumir su vida lentamente como quien ve el infructuoso diálogo entre las partes por televisión.