La discusión sobre si Bolivia debe llamarse “República” o mantenerse como “Estado Plurinacional” va mucho más allá de una cuestión nominal. Considero que recuperar el nombre de República de Bolivia significa recuperar un símbolo de encuentro e identidad nacional: ser boliviano, pero sobre todo es una oportunidad para renegociar nuestro pacto democrático, fortalecer las instituciones y garantizar una ciudadanía activa e inclusiva. No propongo retrocesos ni una negación del reconocimiento multicultural alcanzado, sino que insisto en que la inclusión real solo se afianza con instituciones y un Estado moderno, eficiente y equitativo.
El modelo plurinacional establecido en 2009 permitió reconocer diversidades culturales vitales. Por primera vez, se reconocieron 37 idiomas oficiales y se amplió el acceso de pueblos indígenas originarios campesinos a derechos y participación política. Sin embargo, la experiencia demuestra que el cambio simbólico no fue acompañado por una capacidad estatal suficiente: la brecha entre el reconocimiento formal y la realidad generó frustración y resentimientos en diversos sectores.
La plurinacionalidad se ha convertido en un elemento de polarización. Uno no puede analizar la política boliviana reciente sin reconocer tres dimensiones que han convergido para transformar la plurinacionalidad en factor de fragmentación.
Primero, el desajuste entre reconocimiento simbólico y capacidad estatal real. La constitución de 2009 incorporó derechos colectivos, justicia indígena y una multiplicidad de ámbitos de autonomía. Sin embargo, la provisión de recursos públicos, la administración de justicia y la capacidad técnica del Estado para implementar bilingüismo, formar funcionarios competentes en idiomas originarios, y coordinar múltiples regímenes normativos han sido muy heterogéneas. Esa brecha entre norma y práctica creó resentimiento: las expectativas crecieron más rápido que las capacidades del Estado para traducir reconocimiento en calidad de vida. El resultado fue frustración en comunidades que esperaban más beneficios concretos y desconfianza en sectores que exigían eficiencia y seguridad jurídica.
Segundo, la política territorial: la fractura Oriente–Occidente. Las demandas por autonomías regionales, la fortaleza política y económica del oriente (particularmente Santa Cruz) y la distinta base social y económica del altiplano configuraron una línea de fractura que atraviesa lo económico, lo identitario y lo cultural. Esa grieta existía antes de 2009, pero la nueva arquitectura del Estado la hizo más visible y la politizó; en algunos momentos se tradujo en proyectos políticos regionales que —por acción u omisión— radicalizaron posiciones y dificultaron acuerdos nacionales. La historia de la llamada “Media Luna” y las controversias por recursos, tributación y competencias es una evidencia de que la plurinacionalidad convivió con profundas tensiones territoriales que no se resolvieron automáticamente con la letra constitucional.
Tercero, la interacción entre identidad y clientelismo político. Parte de la transformación política estuvo marcada por la incorporación de nuevos actores y movimientos sociales a la arena estatal. Eso llevó a una mayor representatividad, pero en algunos casos a prácticas de clientelismo y personalismo que utilizaron identidades culturales para movilizar recursos y lealtades partidarias. Cuando la política se organiza de manera excesivamente identitaria o dependiente de la distribución discrecional de beneficios, se erosiona la confianza en instituciones autónomas y se incentiva la confrontación en vez del diálogo.
¿Por qué la plurinacionalidad fue relevante? El llamado de ex-líderes (Evo Morales) al voto nulo tras su inhabilitación fracturó la base que tradicionalmente apoyaba proyectos plurinacionales/MAS; con ello, el MAS quedó sin masa de votación suficiente. El voto nulo fue especialmente alto en regiones tradicionalmente pro-indígenas.
Las preocupaciones económicas, el rechazo a ciertas políticas de los últimos años y la narrativa regionalista/anti-plurinacional favorecieron candidaturas de oposición que captaron votos decisivos en departamentos orientales y en centros urbanos. La polarización identitaria cohabita ahora con una fragmentación por liderazgos y personalismos (nuevas candidaturas, giros inesperados), lo que produjo sorpresas y cambios bruscos en las posiciones relativas de los candidatos.
Propongo, para resolver toda esta polarizacion, un verdadero nuevo pacto constitucional y social. El regreso a la República debe ir acompañado de instituciones independientes, contrapesos reales, administración pública profesional, y mecanismos efectivos de transparencia y control. Defiendo una democracia participativa con instancias como presupuestos participativos y asambleas deliberativas que complementen la representación tradicional y permitan una ciudadanía protagónica. Insisto en que la educación cívica vuelva a ser prioridad en la formación democrática, y que la administración pública sea rigurosamente profesionalizada mediante concursos y regímenes de carrera que eviten el clientelismo.
En conclusión, el regreso a la República no es un gesto nostálgico, sino una invitación a reconstruir la confianza nacional y la convivencia democrática sobre bases sólidas, modernas e inclusivas. Apostar por una República de Bolivia igualitaria, plural y eficiente es la mejor manera de lograr una sociedad realmente unida, capaz de proteger su diversidad y, al mismo tiempo, establecer un horizonte común de desarrollo, justicia y prosperidad para todos sus habitantes.