La mayoría de los bolivianos ha padecido las pérdidas de tiempo y dinero que implican los trámites burocráticos en el sector público. El sistema parece diseñado para que cada gestión, por más absurda que resulte, se vuelva imprescindible para alcanzar un objetivo. El procedimiento es tan tedioso que ni siquiera un carnet de identidad basta por sí solo: siempre hay que sacar fotocopias —a veces incluso legalizadas— que terminan engrosando el expediente del trámite. A ello se suma el costo económico. La burocracia suele comportarse como si fuese la propietaria exclusiva de la información pública y cobra al ciudadano por acceder a ella, incluso por simples impresiones que deben repetirse cada vez que se necesita el mismo documento.
En ese contexto aparece una luz de esperanza. El presidente Rodrigo Paz ha dado un primer paso para cumplir una de sus promesas electorales —desmontar el llamado “Estado tranca”— mediante la promulgación del Decreto Supremo 5595, que abre una puerta para simplificar la relación entre el ciudadano y la administración pública.
Entre otras medidas, el decreto establece la creación de un Catálogo Nacional de Trámites, que deberá detallar requisitos, costos, plazos y la entidad responsable de cada procedimiento. Esto puede ayudar a reducir la discrecionalidad burocrática, ya que cuando el ciudadano conoce con claridad qué se le exige y cuánto tiempo tomará el proceso, disminuye el margen para abusos, “tramitadores” o solicitudes informales.
La norma también impulsa la digitalización de trámites y la interoperabilidad entre sistemas públicos, lo que podría reducir uno de los rasgos más frustrantes del aparato estatal: las interminables filas y la peregrinación entre oficinas para obtener certificados o constancias. Asimismo, las entidades deberán revisar sus procedimientos administrativos y justificar técnicamente cada requisito que exigen, un ejercicio que puede ayudar a eliminar trámites que sobreviven únicamente por inercia institucional.
Sin embargo, conviene no perder de vista que un decreto puede iniciar un proceso, pero difícilmente transformará por sí solo una cultura burocrática consolidada durante décadas. El problema del “Estado tranca” no es únicamente normativo; también es organizacional y responde a incentivos institucionales que muchas veces favorecen la proliferación de trámites antes que su eliminación.
Por ello, si se quiere avanzar hacia una verdadera simplificación administrativa, este primer paso debería ir acompañado de reformas más profundas. El sistema tributario, por ejemplo, podría ser uno de los ámbitos más evidentes para una reducción significativa de la carga burocrática. El actual esquema presenta múltiples regímenes, formularios complejos y obligaciones declarativas frecuentes que encarecen la formalidad y dificultan la actividad de emprendedores y pequeñas empresas.
También sería deseable avanzar hacia una verdadera ventanilla única, como ya ocurre en varios países, donde un solo trámite activa procesos internos dentro del Estado, de modo que la coordinación ocurra dentro de la administración pública y no sobre el ciudadano.
Finalmente, ninguna reforma será duradera sin una mayor profesionalización del servicio público. Si no cambian los incentivos del funcionario, la burocracia tiende a reproducirse. Se requieren evaluaciones de desempeño, metas claras de eficiencia y responsabilidades definidas frente a las demoras administrativas.
El decreto abre la puerta. Ahora queda por ver si el Estado está dispuesto a cruzarla.