Cuando 3,5 millones de bolivianos votaron en octubre de 2025 entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, creían ejercer un acto de soberanía democrática. Las denuncias del vicepresidente Edmand Lara sobre un supuesto acuerdo secreto entre Paz y Evo Morales plantean una pregunta ineludible: ¿Fue la victoria del PDC resultado de la voluntad popular o de una negociación en las sombras?
Los números son contundentes. En primera vuelta, el voto nulo alcanzó un histórico 19,87%, equivalente a 1.371.049 bolivianos que siguieron el llamado de Morales a rechazar el proceso. En segunda vuelta, ese porcentaje se desplomó a 4,69%, apenas 305.121 votos. Esa diferencia de más de un millón de votos migró estratégicamente hacia Paz-Lara, quienes ganaron con 54,57% frente al 45,43% de Quiroga. Sin el silencio estratégico de Morales en segunda vuelta, ese resultado habría sido radicalmente diferente. El propio Evo confirmó después: "Al menos un 12% del voto de Paz-Lara es nuestro voto". Paz ganó en todos los recintos del Trópico de Cochabamba, bastión de Morales. Eso no fue casualidad, fue cálculo político.
Las verificadoras ChequeaBolivia y Bolivia Verifica confirmaron que once militantes del MAS y dos de Morena fueron electos como legisladores por el PDC. De 271 candidaturas, solo once pertenecían al propio PDC. Tres diputados uninominales titulares y una suplente son del MAS: Edwin Valda, Danitza Mejía, Alicia Rojas Vargas e Yvis Sanez. Esto representa entre el 15% y 23% de la bancada del PDC, suficiente para vetar cualquier reforma que amenace los intereses de Morales.
La ruptura entre Paz y Lara revela que algo oscuro subyace en este gobierno. Lara denunció que lo dejaron de lado y que Paz gobierna para los ricos aliándose con corruptos. "Hecho de corrupción que detecte será denunciado, no voy a callar", advirtió. Más revelador fue cuando reconoció: "Debí haber hecho caso y me disculpo con la gente que me decía no te metas con Rodrigo porque es un corrupto".
Mientras tanto, Morales evade desde hace más de un año una orden de detención por trata de una menor, refugiado en el Chapare y protegido por campesinos. Durante la campaña, Paz afirmó que Morales "debió haber sido detenido" y que "va a tener que estar ante la justicia". Pero esas palabras hoy suenan huecas. El Estado renunció a recuperar el control del territorio tras enfrentamientos en junio de 2025 que dejaron cuatro policías y dos civiles muertos.
La impunidad de Morales no es asunto menor en materia de narcotráfico. El Gobierno mostró en 2023 que la mayor cantidad de factorías de cocaína está en el Chapare. Bolivia es, según la ONU, el tercer productor mundial de cocaína. Tres altos mandos policiales antinarcóticos del periodo de Morales fueron encarcelados por narcotráfico, dos extraditados a Estados Unidos. El Chapare se ha convertido en una zona liberada de 40.000 kilómetros cuadrados donde el Estado no tiene presencia. La DEA realizó sobrevuelos sobre esta región, pero si existe un pacto secreto para proteger a Morales, ese gesto es puro teatro.
La contradicción es insostenible. ¿Cómo puede un gobierno luchar contra el narcotráfico protegiendo a quien controla el territorio donde se concentra la producción de cocaína? ¿Cómo puede haber cooperación internacional genuina cuando hay legisladores evistas infiltrados con poder de bloqueo sobre reformas judiciales y antidroga?
Los bolivianos merecen respuestas. Rodrigo Paz debe aclarar públicamente si existió algún acuerdo con Morales antes de la segunda vuelta. Debe explicar por qué militantes del MAS fueron incluidos en las listas del PDC cuando supuestamente representaba el cambio. Debe justificar por qué Morales sigue libre pese a sus promesas de campaña.
Edmand Lara debe presentar pruebas concretas de sus denuncias o retractarse. Si tiene evidencia de un acuerdo secreto, debe ponerla sobre la mesa. Si fue cómplice inicial y ahora se arrepiente, debe reconocerlo y asumir su responsabilidad.
El Congreso debe activar inmediatamente una comisión investigadora multipartidaria. Los legisladores del PDC provenientes del MAS deben declarar públicamente sus vínculos previos. La Fiscalía debe investigar si hubo tráfico de influencias que comprometieron la integridad del proceso electoral.
Lo que está en juego es la credibilidad misma del sistema democrático boliviano. Si las elecciones son teatro mientras los acuerdos se hacen en las sombras, el cinismo político se convertirá en norma. Bolivia no puede convertirse en un narcoestado con fachada democrática donde el poder político y el narcotráfico negocian la impunidad mutuamente. No puede permitir que un millón de votos sean canjeados por protección judicial a cambio de cuotas legislativas.
Los bolivianos exigen respuestas ahora. No mañana, no en cinco años. Porque la democracia sin verdad es solo un cascarón vacío, y un país que normaliza la impunidad está destinado a ser gobernado por quienes la explotan.