Nunca más

Llegó por fin el día en que Jeanine Áñez se dibujó en las puertas del penal de Miraflores, donde purgó una detención oprobiosa de cuatro años y ocho meses. El 6 de noviembre pasado, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia anuló la sentencia de diez años de prisión y ordenó su liberación, tras fallar que en Bolivia no se dio un golpe de Estado, sino una sucesión constitucional. En octubre de 2019 hubo fraude, y lo sabemos todos.
Jeanine Áñez salió de su celda sonriente, agitando la tricolor —rojo, amarillo y verde— en las manos, con el corazón liviano y la convicción de quien no ha cometido delito alguno, sino cumplido un deber. Ella, una mujer valiente y luchadora, sirvió al país cuando más la necesitaba. Plantó cara a la adversidad y al tirano, en libertad y en detención. Tras ser secuestrada, encarcelada e inculpada por terrorismo, sedición, conspiración y genocidio —siendo que, en octubre de 2019, a raíz del fraude y la huida de Morales y su entorno, se suscitó un peligroso vacío de poder— fue ella quien garantizó la continuidad democrática, pacificó el país y llamó a elecciones.
Jeanine nació en San Joaquín, población que dista 244 kilómetros de Trinidad. Estudió en una pequeña unidad educativa rural de la cual su madre llegaría a ser directora. La benjamina de siete hijos de una pareja de dedicados profesores escolares debió haber comprendido temprano que la educación y el trabajo eran la llave para vencer la postergación.
Áñez, abogada y política, se desempeñó como asambleísta constituyente uninominal; luego fue senadora en la Asamblea Legislativa Plurinacional y ocupó el cargo de segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia antes de jurar como Jefa del Estado. Lidia Gueiler Tejada y la sanjoaquiniana son las únicas dos mujeres que ocuparon la Presidencia de la República en la historia de Bolivia. Ambas lo hicieron en momentos de crisis y fueron víctimas de un sistema político imperfecto, en instantes en que la democracia pendía de un hilo. Con valentía —y con cuarenta años de diferencia entre sus gestiones— enfrentaron gobiernos asediados, se aferraron a los mecanismos constitucionales para defender el Estado de derecho y se jugaron el todo por el todo.
Áñez, madre de familia, divorciada y viuda, labró su camino político paso a paso y codo a codo en un mundo machista y muchas veces mitógeno. Fue probablemente durante su trabajo de constituyente en Sucre donde presenció la escandalosa arbitrariedad con la que Evo Morales aprobó las reformas a la Constitución y donde marcó su presencia en la oposición. Justamente, el peor pecado de Áñez fue haber sido la persona que evidenció la estrechez moral y el débil compromiso patriótico del fraudulento cocalero. Considerada enemiga de Morales, tenía que pagar por haberse encontrado en el lugar correcto en el momento preciso para salvar al país del terror. Por ende, merecedora del ensañamiento masista para sentar precedente, pagó la factura en carne propia. Durante su reclusión se le negó el juicio de responsabilidades, las medidas cautelares, la realización de tratamientos médicos y la posibilidad de asistir al entierro de su madre.
El encarcelamiento de la exmandataria, al igual que el secuestro del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho —injustos a todas luces y con avasallamientos a sus derechos constitucionales— dictados por magistrados postrados ante el gobierno de Arce Catacora, no fueron otra cosa que un colosal despotismo revanchista, que convierte a sus víctimas en símbolos vivientes de lo que nunca más debe ocurrir.
La libertad, en los sistemas democráticos, es el derecho humano de valor superior que asegura la libre determinación de las personas. Es fundamental, reconocida y garantizada por las leyes.
La expresidenta Áñez fue puesta bajo arresto preventivo en marzo de 2021 y, en 2022, un juez la sentenció a diez años de prisión. El aparato represor del MAS —mejor dicho, los jueces autoprorrogados de Arce Catacora— sumó penas con el fin de cargarle treinta años de condena. En tal cometido, le fabricaron delitos al calor del servilismo más ruin. Si a Arce Catacora no le hubiera fallado el andamiaje y hubiera tenido la cintura política para entornillarse en el poder al estilo Maduro, la exsenadora del Partido Social Demócrata, como Mandela, se habría quedado a la sombra una eternidad.
Ella es el recordatorio, la prueba viviente de que Bolivia le dijo no a la trampa. Hastiada de la política basada en el odio, el racismo, la mentira, la ignorancia y el oprobio, la sociedad civil optó por la verdad. ¿Quién olvidará las amenazas de Evo Morales? ¿Las bravuconadas de García Linera, Choquehuanca, Quintana o Romero? Jinetes del apocalipsis, sembradores del rencor, quienes empobrecieron a aquellos que decían defender. Imposible borrar de la memoria a los voceros del oficialismo —entre ellos Del Castillo, Richter y Prada—, escuderos de Arce Catacora, símbolos de la soberbia y la intransigencia, autoproclamados guardianes de la verdad, incapaces de escuchar ni sentir el dolor ajeno, defensores de lo indefendible a través del miedo, amén de los desaforados evistas y arcistas, quienes —relamiéndose y empuñando hasta la náusea “el proceso de cambio”— se afanaron hasta los bolígrafos.
Lo que no mata, fortalece. Así, el experimento populista —desastroso, involutivo y desgastante— parecía una condena interminable. Una autofagia que tardó veinte años y nos dejó hechos polvo. Estamos en “el día después”, sumidos en una profunda crisis económica y social, y en la incredulidad de haber visto cómo se prostituyó la justicia y se mantuvo rehenes de ella a once millones de bolivianos. ¿Cómo es posible que se esgrimiera el aparato judicial para fines personales, económicos y políticos? El Estado y su administración se volvieron botín de saqueo y barbarie, a través de la imposición de dictadorzuelos de una izquierda de pacotilla. Los cantos de sirena resonaron en la ignorancia y la pobreza, para convertir a Bolivia en una colonia de narcos y yihadistas: engranaje de la maquinaria del crimen transnacional.
Marco Pumari: cinco años de privación de libertad; José María Bakovic, expresidente del Servicio Nacional de Caminos, muerto después de asistir a una audiencia judicial en La Paz; la indolencia inhumana con la que se trató a la Dra. Eidy Roca de Sangüeza, exministra del gobierno de Áñez; Marco Antonio Aramayo, torturado por 256 juicios en su contra por denunciar corrupción en el Fondo Indígena, siete años preso y fallecido en la cárcel por falta de atención médica; Yassir Molina, los hermanos Mario Antonio y Favio Alejandro Bascopé Revuelta, Milena Soto y Jaime Maldonado, penalizados por participar en los conflictos poselectorales de 2019; Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz; y tantos otros, conforman la triste lista de 270 presos políticos bajo la gestión del Movimiento al Socialismo, según la CIDHPDA, y 347 perseguidos políticos, según un informe de la Alianza por la Justicia y los Derechos Humanos. Entre ellos, el notorio caso de Guillermo Aponte, insigne profesional, presidente interino del Banco Central de Bolivia (2019–2020), quien tuvo que exiliarse a causa de los procesos penales que lo asolaron.
Temimos que no se llevaran a cabo las elecciones; temimos un fraude. Con el Jesús en la boca, escogimos la reconciliación en vez de la división, la apertura en lugar del aislamiento, la libertad en vez del miedo, la modernidad contraria al oscurantismo. Paradigmas disímiles a los regímenes retrógrados. Y el mundo lo reconoce: por eso cinco presidentes y veinte delegaciones internacionales vinieron a celebrar la transmisión de mando de Rodrigo Paz. Sale el sol para nuestra hermosa Bolivia. Se inaugura su futuro.
El reloj de la plaza Murillo ya no marca las horas de la insania. A un cuarto del siglo XXI, es hora de subirnos al tren del progreso antes de que el tiempo nos deje definitivamente al margen de su curso. El triunfo de Rodrigo Paz trae vientos de esperanza. Él es una grata sorpresa, inesperada y bien jugada, que abre una nueva era política en el país. Se anuncia como un estadista comprometido, acompañado por profesionales idóneos para enfrentar la catástrofe y limpiar el desastre.
Es así como nunca más el Estado y la función pública deben ser la cueva de Alí Babá, la presa para el pillaje, el cheque en blanco para arrasar la independencia de los poderes y atropellar los derechos constitucionales. Se deben acabar los gatos despenseros, los vicepresidentes que no trabajen y cobren haberes, las autoridades que confundan su labor con el manejo de su chacra. Exigimos funcionarios probos, no buhoneros. Aprendida la lección, caminemos hacia la luz y construyamos.