La captura del uruguayo Sebastián Marset Cabrera, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, marca un hito para Bolivia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Marset era buscado desde hace más de dos años, luego de escapar de la custodia de la Policía boliviana y permanecer oculto durante ese tiempo, aparentemente dentro del país, sin que el gobierno de Luis Arce lograra recapturarlo. Ahora, la administración de Rodrigo Paz consiguió detenerlo en un operativo limpio, sin violencia ni heridos, ejecutado en la madrugada del pasado viernes tras semanas de trabajo de inteligencia.
La relevancia de este hecho radica en que Marset se había convertido en un símbolo de las debilidades institucionales de la seguridad boliviana. Que un delincuente buscado por narcotráfico —e incluso vinculado al asesinato de una autoridad paraguaya— pudiera refugiarse y moverse en Bolivia con notable facilidad reflejaba fallas profundas en los sistemas de control y persecución del delito. Durante años logró obtener documentos falsos, cambiar de identidad, lavar dinero mediante la adquisición de bienes inmuebles e incluso infiltrar estructuras del fútbol nacional. Antes de su primera captura, vivió en Santa Cruz junto a su familia, llevando una vida aparentemente normal, lo que sugiere un alto grado de protección o complicidad dentro de estructuras institucionales.
Este caso, sumado a otros episodios de violencia asociados al crimen organizado transnacional, evidenciaba que el Estado boliviano estaba perdiendo terreno frente a estas organizaciones. Como advertían diversos expertos, Bolivia necesitaba reforzar la cooperación con otros países para enfrentar redes criminales que operan a escala global y que cuentan con mayores recursos logísticos y financieros que muchas estructuras estatales.
El gobierno de Paz ha dado pasos en esa dirección. La captura de Marset por parte de la Policía boliviana fue posible gracias a la cooperación de inteligencia de países vecinos y al apoyo de la DEA de Estados Unidos, cuyos agentes trasladaron al detenido a territorio estadounidense pocas horas después de su aprehensión.
El operativo se produce, además, pocos días después de que el gobierno boliviano y una docena de países latinoamericanos firmaran su adhesión a la iniciativa de cooperación regional conocida como Escudo de las Américas, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump. Aunque muchos cuestionan una supuesta subordinación de estos países a Washington, lo cierto es que el continente enfrenta una amenaza creciente del crimen organizado. Esta realidad obliga a validar una lógica de cooperación hemisférica que trascienda las diferencias ideológicas y se base en la colaboración entre Estados soberanos.
En el plano interno, la administración de Paz se anota un punto importante en un momento político delicado. La captura refuerza su discurso de mano firme frente al crimen organizado, marca una ruptura con las gestiones del MAS —que durante años minimizaron o negaron la magnitud del problema— y contribuye a mejorar la imagen internacional del país.
La captura de un gran narcotraficante no significa que el problema esté resuelto. El narcotráfico funciona como una red que reemplaza rápidamente a sus líderes y se adapta con rapidez a los golpes que recibe. Por ello, la lucha real debe reforzarse con inteligencia financiera, fortalecimiento institucional y una cooperación internacional sostenida.
El verdadero desafío comienza ahora: desmantelar las redes que le permitieron a Marset operar durante tanto tiempo y consolidar una estrategia que impida que Bolivia vuelva a convertirse en refugio de grandes operadores del narcotráfico. Solo así el país podrá recuperar plenamente su credibilidad y reafirmar su papel como un actor serio en la lucha regional contra las drogas.