El Congreso boliviano enfrenta hoy una decisión que determinará si el país finalmente capitaliza sus vastas reservas de litio o si repite el patrón extractivista que ha marcado su historia. Los contratos con Uranium One de Rusia y el consorcio CBC de China llegaron al Parlamento sin documentación completa, estudios ambientales exhaustivos ni consulta previa a comunidades indígenas. La Comisión de Economía Plural rechazó su tratamiento inmediato, exigiendo información técnica fundamental que debió preceder cualquier firma. Las organizaciones originarias del Salar de Uyuni advierten que sus derechos constitucionales han sido vulnerados, mientras tribunales regionales suspenden temporalmente la aprobación por ausencia de evaluaciones de impacto ambiental. La opacidad contractual genera dudas legítimas: ¿cuánto litio se entregará como pago a Uranium One? ¿Bajo qué fórmulas de precio? ¿Qué garantías existen de transferencia tecnológica real? La premura gubernamental contrasta con la magnitud de lo que está en juego.
Antes de aprobar cualquier contrato, Bolivia debe establecer salvaguardias innegociables. Primero, obligaciones industriales vinculantes con cronogramas específicos: año X para ensamblaje de baterías, año Y para manufactura de celdas, año Z para producción de cátodos y ánodos. Sin estos hitos verificables, el país quedará atrapado en la exportación de commodities. Segundo, transparencia absoluta en mecanismos de pago y precios de transferencia: el litio suministrado a plantas procesadoras debe valorarse según referencias internacionales auditadas independientemente, no mediante fórmulas internas manipulables. Tercero, evaluaciones ambientales completas con monitoreo hidrológico independiente y umbrales automáticos de suspensión si se comprometen acuíferos. Cuarto, consulta previa genuina con pueblos indígenas, no ceremonias posteriores a decisiones consumadas. Quinto, auditorías externas periódicas sobre cumplimiento tecnológico, desempeño ambiental y captura de valor nacional. Sin estas condiciones, Bolivia firmará su propio despojo bajo retórica soberanista.
La pregunta incómoda que el gobierno evita es: ¿por qué insistir en Uranium One cuando existen alternativas superiores? La experiencia rusa en extracción directa de litio (DLE) a escala comercial es limitada; su fortaleza radica en financiamiento estatal y disposición a operar donde otros no van, no en excelencia tecnológica. Si el objetivo es diversificar dependencia de China, Europa sería el socio lógico. Empresas como Lilac Solutions, EnergyX y XtraLit lideran globalmente en tecnología DLE con plantas piloto probadas y camino claro hacia producción comercial. Río Tinto, tras adquirir Arcadium Lithium, combina músculo financiero con experiencia DLE operativa en Argentina y Chile. Alemania, con Volkswagen, BMW y la European Battery Alliance, ofrece acceso directo a mercados premium y estándares ambientales que fortalecerían instituciones bolivianas. La objeción previsible es que Europa exige condiciones que Bolivia no cumple: seguridad jurídica, transparencia contractual, evaluaciones ambientales previas, consulta social genuina. Precisamente por eso Europa sería transformacional: obligaría a Bolivia a construir capacidades institucionales permanentes. Rusia acepta más riesgo político porque prioriza presencia geopolítica sobre rentabilidad; esa "flexibilidad" es síntoma de debilidad institucional boliviana, no virtud estratégica.
China representa otra ecuación. El consorcio CBC, vinculado a CATL —el mayor fabricante mundial de baterías con 40% del mercado global— tiene inversión comprometida de USD 1.030 millones para plantas DLE con capacidad de 35.000 toneladas anuales. China produce industrialmente con DLE, lidera procesamiento de litio y controla dos tercios de la capacidad global de baterías. Aquí está el verdadero potencial transformador: con 85.000 toneladas anuales de carbonato de litio en escenario medio (realista para 2030), Bolivia generaría USD 2.125 millones anuales a precio promedio de USD 25.000 por tonelada. Pero la misma cantidad de litio procesada en baterías valdría USD 770 millones adicionales, elevando la captación neta a USD 460-540 millones versus USD 225-300 millones exportando solo carbonato. Si además Bolivia ensamblara 35.000 vehículos eléctricos anualmente usando la mitad de esas baterías, el ecosistema completo generaría USD 1,1-1,3 mil millones anuales, con captura nacional de USD 600-800 millones. La diferencia entre estrategias es dejar USD 300-500 millones anuales sobre la mesa durante décadas.
Para materializar esto, Bolivia debe negociar con China condiciones específicas. Primero, participación obligatoria de CATL en joint venture 51-49 para planta de baterías con cronograma máximo de cinco años post-inicio de producción de litio. Segundo, transferencia tecnológica verificable: ingenieros bolivianos integrados en I+D de CATL, acceso a especificaciones de procesos químicos y metalúrgicos, licencias de producción de cátodos NMC y LFP. Tercero, acuerdos de offtake que garanticen mercado para baterías bolivianas en cadenas de suministro chinas y globales. Cuarto, prohibición de cláusulas de comprador preferente que aten litio boliviano exclusivamente a China; el país debe conservar flexibilidad comercial. Quinto, programa de formación técnica masiva: becas para 500 ingenieros anuales en universidades y centros de investigación chinos, laboratorios conjuntos en Bolivia.
El litio boliviano puede generar entre USD 1.250 y USD 4.000 millones anuales dependiendo de volumen y precio, pero solo capturará ese valor si construye capacidades industriales propias. La urgencia fiscal no debe dictar rendición estratégica. El Congreso tiene responsabilidad histórica: exigir contratos que incluyan salvaguardias verificables, diversificar socios privilegiando líderes tecnológicos sobre oportunistas geopolíticos, y negociar con China desde claridad sobre el destino final—baterías y vehículos eléctricos, no eternamente carbonato. De lo contrario, Bolivia escribirá otro capítulo de abundancia estéril: recursos sin desarrollo, contratos sin transparencia, promesas sin institucionalidad.
(*) El autor es Ph.D en Economía