En Bolivia, la figura de la detención preventiva, concebida como una medida cautelar excepcional para garantizar la investigación penal sin interferencias, ha sido distorsionada gravemente al convertirse en un instrumento de persecución política sistemática. Esta práctica, cada vez más normalizada, pone en entredicho los principios más elementales del Estado de derecho, y desnuda la fragilidad institucional de un país cuya justicia ha sido politizada hasta extremos peligrosos.
La Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal establecen que la detención preventiva debe aplicarse únicamente cuando no existan otras medidas menos gravosas para asegurar la presencia del imputado, evitar su fuga o impedir la obstrucción del proceso. Sin embargo, en la práctica, este recurso ha sido desnaturalizado: se ha convertido en una herramienta punitiva anticipada, utilizada contra opositores, activistas, periodistas, e incluso ciudadanos que expresan su disenso con el poder político de turno.
Consultada al respecto su opinión durante una entrevista en el programa Influyentes de El Deber Radio, el ex-Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, afirmó que una medida preventiva con plazo perentorio como la referida, en la práctica constituye una “sentencia anticipada, sin ningún respaldo legal, bajo el anómalo e irregular sistema de administración de justicia en Bolivia, violando la Constitución Política del Estado, además de normas internacionales sobre derechos humanos”.
En los últimos años, numerosos casos han evidenciado esta preocupante tendencia. La detención de ex-autoridades del gobierno transitorio, líderes cívicos y figuras de la oposición han seguido un patrón alarmante: apertura de procesos sin pruebas concluyentes, imputaciones genéricas, y, en muchos casos, audiencias cautelares donde el principio de la presunción de inocencia es flagrantemente ignorado. Las decisiones judiciales parecen responder menos a criterios jurídicos y más a señales políticas.
Este uso abusivo de la detención preventiva tiene múltiples consecuencias. Primero, vulnera derechos fundamentales, como la libertad personal y el debido proceso. Segundo, debilita aún más la ya erosionada confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Y tercero, perpetúa una lógica autoritaria, en la que el poder político instrumentaliza las instituciones judiciales para neutralizar voces disidentes y conservar el control interno.
El problema, sin embargo, no se limita al partido de gobierno actual. Esta práctica ha sido heredada, reciclada y perfeccionada por distintas administraciones, lo que revela una cultura política arraigada de judicialización de la política y politización de la justicia. El verdadero drama es que esta situación se sostiene gracias a una estructura judicial dependiente, presionada por intereses políticos, sin garantías efectivas de imparcialidad, transparencia y autonomía.
Frente a esta realidad, es imperativo exigir una reforma profunda del sistema judicial boliviano. No bastan discursos ni promesas de despolitización: se requiere voluntad política real para garantizar la independencia judicial, fortalecer los mecanismos de control interno y externo, y devolverle a la detención preventiva su carácter excepcional. Los organismos internacionales de derechos humanos han advertido reiteradamente sobre estas prácticas, pero sus llamados han sido minimizados o tergiversados desde las esferas del poder.
Bolivia no puede aspirar a una democracia plena mientras sus cárceles sigan albergando a opositores sin sentencia firme, mientras la detención preventiva continúe siendo usada como castigo anticipado y la justicia se mantenga como un instrumento al servicio del Órgano Ejecutivo. La recuperación de un sistema judicial independiente no es solo una necesidad legal, sino una condición indispensable para reconstruir la confianza ciudadana y restaurar la legitimidad democrática del país. Es uno de los retos principales que, inexcusablemente, debe y tiene que encarar y resolver el próximo gobierno que surja de las urnas en octubre próximo.