Oscar M. Tomianovic
La derrota del Movimiento Al Socialismo en las urnas fue un momento histórico. Tras veinte años de un gobierno hegemónico y autoritario, se abre la posibilidad de un cambio de dirección. Claro está que este cambio no es seguro, partiendo por los candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta, quienes han dejado, en no pocos respectos, más dudas que certezas.
La magnitud del cambio que se avecina, no obstante, puede vaticinarse por un hecho particular, a saber, la instructiva del presidente del Tribunal Supremo de Justicia hacia el resto de los miembros del poder judicial para que revisen las sentencias de aquellos acusados que se encuentren con detención preventiva y, tras cumplirse los plazos procesales, no cuenten con sentencia.
Esto, de entrada, es una mala señal. Tener que esperar a la salida de un gobierno para que los jueces hagan su trabajo, nada más y nada menos, dice mucho de la situación en la que se encuentra la justicia boliviana.
Señales de que esta situación podría —insisto en el carácter provisorio y condicionado de mi afirmación— revertirse es que varios juzgados han empezado a revisar y reconsiderar la situación jurídica de Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz de la Sierra, Jeanine Añez, expresidenta interina de Bolivia, y Marco Antonio Pumari, líder cívico. Todos ellos jugaron un rol importante en las protestas de finales de 2019 y hoy son perseguidos por, según sus acusadores, orquestar un golpe de Estado.
¿Hay fundamento para tal aseveración?
El detonante de la renuncia de Morales fueron las denuncias de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2019. Un informe preliminar de la OEA apuntaba en esta dirección, mientras que la ciudadanía, encabezada por Luis Fernando Camacho, entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz, llamaba a Bolivia a entrar en un paro indefinido, a la espera de que se esclarezca el panorama electoral. Conforme nuevas evidencias del fraude salían a la luz y la situación de las autoridades nacionales, desde el presidente Morales hasta las autoridades del TSE, el discurso se radicalizó, pasando a exigir la renuncia de los responsables de este intento de robo de las elecciones.
Tras 21 días de movilización, que se extendió a todos los departamentos y que incluso logró el consenso de quienes eran, hasta entonces, importantes aliados del MAS, como la Central Obrera Boliviana, incluyendo instituciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, Morales se vio forzado a renunciar. En apego a la Constitución, la sucesión constitucional acabaría con Jeanine Añez, segunda vicepresidenta del senado. Es aquí donde el discurso del golpe, que se había articulado días antes, comienza a ganar impulso.
¿Ocurrió un golpe de Estado el 10 de noviembre de 2019 en Bolivia? La contextualización previa no es superflua, sino que nos permita identificar los elementos que, al contrastar con la teoría, nos permiten evaluar si efectivamente se dio la figura política del golpe de Estado. Para ello, he enumerado hasta siete características que se presentan en los golpes de Estado, con independencia de sus motivaciones, ubicación geográfica o cualquier otra particularidad que pueda nublar nuestro juicio. Así, pues, podemos decir que los golpes de Estado son:
1. Excepcionales: Son desviaciones del proceso político regular.
2. Violentos: Implican un levantamiento armado.
3. Ilegales: Violan las normas de sucesión constitucional.
4. Secretos: Son planeados en las sombras, lejos de la opinión pública.
5. Repentinos: Consisten en la conquista abrupta del poder.
6. Conducidos por grupos minoritarios: Una camarilla o grupo reducido ejecuta la acción.
7. Militares: Son realizados por el ejército o con su consentimiento.
Una mirada atenta nos permite constatar que, atendiendo al caso boliviano, sólo uno de los siete elementos está presente, a saber, el de la excepcionalidad. La renuncia de Morales fue un hecho atípico e inesperado, aun cuando la figura de la renuncia esté presente en el ordenamiento jurídico. Por lo demás, los 21 días de paro en Bolivia no presentaron muestras de violencia generalizada, ni contravinieron normas básicas del derecho boliviano. Tampoco se puede hablar de secretismo ante cabildos de más de un millón de personas que exigían la renuncia de Morales, ni de una conquista abrupta del poder, cuando Bolivia quedó acéfala entre el 10 de noviembre, día de la renuncia de Morales, y el 12 del mismo mes, cuando Añez asume formalmente. Mucho menos se puede hablar de grupos minoritarios, cuando multitudes abarrotaban las calles en protestas masivas, ni de militares tomando el poder —más aun cuando se entiende que su pedido de renuncia estaba amparado en el Estatuto Orgánico de las Fuerzas Armadas.
En conclusión, no, en Bolivia no tuvo lugar un golpe de Estado en 2019. Los juicios que enfrentan Camacho, Pumari y Añez, al menos bajo esta acusación, no son más que una muestra más de la politización de la justicia. La prueba de fuego la encontramos en los acusados: ¿No se debería procesar, además de a Camacho, Pumari y Añez, a los millones de bolivianos que se dieron cita en las calles exigiendo la renuncia de Morales y sus colaboradores? Sin duda, esta es una pregunta incómoda para aquellos que defienden, sin mucho éxito, la tesis del golpe.