En Bolivia, jubilarse no debería ser sinónimo de empobrecerse. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre con cientos de miles de adultos mayores que, tras décadas de aporte al sistema previsional, reciben pensiones que no alcanzan para vivir con dignidad. Un trabajador con 25 años de aportes recibe apenas Bs 1.520 al mes; con 21 años, Bs 1.288. En algunos casos, el ingreso cae por debajo de los Bs 1.000. Estas cifras son reveladoras por sí solas, pero el panorama se agrava ante una inflación que en los últimos dos años ha superado el 20% acumulado y ronda actualmente el 17,4% anual. El resultado es demoledor: las pensiones no solo son bajas, sino que cada mes valen menos.
La pérdida de poder adquisitivo no es subjetiva; es matemática. La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo cerró la gestión 2025 con un rendimiento anual de apenas 4,5% sobre una cartera de Bs 201.565 millones. Frente a una inflación del 17,4%, eso equivale a una rentabilidad real negativa de aproximadamente 13 puntos porcentuales. El representante de los jubilados de La Paz, Fernando Uzeda, lo sintetizó con crudeza: “Estamos perdiendo prácticamente más del 50% de capacidad adquisitiva.” El investigador Federico Zelada advierte que todo rendimiento por debajo del 5% implica directamente que las pensiones bajarán en términos reales.
¿Por qué la Gestora rinde tan poco? Su estructura de inversiones está marcada por una concentración casi absoluta en el mercado local: el 96% de los fondos está en moneda nacional, el 46% en depósitos a plazo fijo del sistema financiero boliviano y el 36% en bonos del Tesoro. Solo el 4% se destina al exterior. Esta “bolivianización” de los fondos ha encadenado los ahorros previsionales al desempeño de una economía doméstica bajo creciente presión. El artículo 140 de la Ley 065 sigue restringiendo la diversificación, y una propuesta de reforma enviada a la Asamblea Legislativa hace dos años permanece sin avance.
A esto se suman problemas graves de gobernanza: la Gestora operó durante años sin directorio formal, con un gerente interino, sin rendición de cuentas ni representación tripartita. El conflicto de interés es evidente: el Estado actúa a la vez como administrador, regulador y principal deudor de los fondos. Encuestas de DataPolis (diciembre 2024) revelaron que más del 50% de los aportantes preferiría volver a un sistema privado. La desconfianza no es capricho: es la respuesta racional a un sistema que prometió mayor protección y entregó menor rendimiento y mayor exposición al riesgo fiscal.
El contraste con experiencias exitosas es devastador. El Fondo Soberano noruego —creado en 1990— cerró 2025 con un valor de aproximadamente $2,2 billones (¡con 12 ceros!) de dólares, tras generar una ganancia anual de $248.000 millones de dólares con un retorno del 15,1%. Su cartera se distribuye en 60% en acciones, 35% en bonos y 5% en bienes raíces, invirtiendo en más de 90.000 empresas en todo el mundo, con absoluta transparencia. El resultado: ese fondo no solo financia las pensiones de 5 millones de noruegos, también sostiene el Estado de Bienestar nórdico en salud, educación y calidad de vida.
Bolivia administra un fondo equivalente (al cambio oficial) a unos $29.500 millones de dólares que rinde el 4,5%, casi exclusivamente en el mercado interno, con alta exposición al riesgo soberano y una inflación que lo devora. Si esos recursos se invirtieran en un índice como el S&P 500 —que ha crecido históricamente un 10% anual— en 10 años el capital llegaría a unos $76.560 millones de dólares y en 25 años a $320.624 millones de dólares. No es ciencia ficción: es interés compuesto aplicado a inversiones responsables y diversificadas.
La reforma necesaria debe avanzar en tres ejes. Primero, la Gestora debe ganar independencia real del Ministerio de Economía, con un directorio tripartito operativo, auditorías internacionales y reglas que impidan al Estado usar los fondos como caja chica fiscal. Segundo, la ley debe permitir una diversificación genuina: reducir la concentración en bonos del Tesoro y ampliar la inversión en mercados internacionales, fondos indexados globales y activos de renta variable. Tercero, las empresas estratégicas del Estado —YPFB, ENDE y YLB/Litio, con deudas conjuntas superiores a Bs 34.000 millones — deberían ser capitalizadas mediante la venta del 49% de sus acciones a socios estratégicos internacionales. El 51% restante pasaría a un Fondo de Inversión Social gestionado con criterios similares al modelo noruego.
El sistema funciona en lo formal: las pensiones se pagan, la cartera crece, los asegurados suman 2.794.751 personas. Pero funcionar no es suficiente cuando cada mes se erosiona el poder adquisitivo de 250.189 jubilados. El crecimiento de los jubilados (6,43% anual) ya supera al de los aportantes activos (2,4%), lo que anuncia presiones crecientes sobre un sistema que ya hoy no alcanza. Bolivia tiene los recursos, tiene el ejemplo y tiene la urgencia. Lo que falta es voluntad política para anteponer el bienestar de los jubilados al control estatal de los fondos. Cada mes de inacción es una deuda moral que el país no puede seguir postergando.
(*) El autor es Ph.D en Economía