Las encuestas son instrumentos de investigación científica que forman parte de la evolución de las ciencias sociales. Permiten captar estados de opinión en un momento específico y ofrecen una fotografía aproximada de la realidad política. Sin embargo, nunca han sido, ni deben ser entendidas, como un oráculo exacto ni como un mecanismo de predicción infalible. El resultado de una votación puede coincidir o no con los estudios previos, porque la conducta electoral es dinámica y responde a múltiples factores.
Pretender atribuir un resultado electoral exclusivamente a lo que dijeron las encuestas es tan absurdo como suponer que el termómetro provoca la fiebre.
En este terreno, los políticos suelen deformar el sentido real de estas herramientas. No es raro que, durante una campaña, cada candidato proclame que sus encuestas lo colocan en primer lugar. El problema surge cuando esa mentira repetida se convierte en convicción y, llegado el día de la elección, la realidad se impone. Entonces, los mismos que se engañaron terminan culpando a empresas encuestadoras y a medios de comunicación, con el afán de desviar responsabilidades.
Más preocupante aún resulta que una autoridad electoral cuestione la validez de las encuestas preelectorales. Eso ocurrió con el vocal Gustavo Ávila, quien expresó su desacuerdo con su autorización porque, supuestamente, generan desconfianza e incertidumbre. Una declaración semejante, viniendo de un alto funcionario, es inaceptable. En primer lugar, porque implica un desconocimiento del rol académico y periodístico que cumplen estos estudios. Y, en segundo lugar, porque omite que el propio Órgano Electoral Plurinacional, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento de la Democracia (SIFDE), regula y controla todas las encuestas electorales.
El marco legal es claro: ninguna empresa puede publicar resultados sin estar registrada ante el Tribunal Supremo Electoral. Los diseños muestrales, márgenes de error, confiabilidad, plazos de trabajo de campo y presentación de informes son fiscalizados por el SIFDE. Además, antes de su difusión, cada encuesta debe contar con luz verde institucional. Si hubiera irregularidades, existen mecanismos previstos para establecer responsabilidades y sanciones. Por lo tanto, sostener que las encuestas generan incertidumbre es hacer eco de un discurso político que busca desacreditar herramientas legítimas de investigación social.
Es cierto que la reglamentación boliviana en ocasiones ha resultado excesiva y hasta reñida con criterios estadísticos universales. Sin embargo, su espíritu obliga a la transparencia, y esa es una cualidad que fortalece la democracia. La luz pública evita abusos y exige a empresas y medios actuar con rigor y responsabilidad, algo indispensable en tiempos electorales marcados por la polarización y la desinformación.
Conviene, además, no perder de vista que las elecciones se deciden en las urnas, no en las encuestas. El voto es un acto íntimo y complejo, donde convergen ideología, esperanza, decepción, hambre, hartazgo u optimismo. Cada sufragio es una contribución personal a la historia de un país, un gesto de soberanía que va mucho más allá de lo que puede reflejar un cuestionario aplicado a mil personas. Para comprender los resultados de una elección se requiere una mirada histórica, sociológica y antropológica que entienda el país real, no solo los números que aparecen en una pantalla.
Desacreditarlas desde el poder o utilizarlas de manera tramposa desde la política es apostar por la ceguera. Lo que necesita Bolivia es debate informado, acceso a datos confiables y respeto a la investigación social como patrimonio común. Lo contrario, lo que algunos intentan imponer, no es otra cosa que miedo al conocimiento y resistencia a la transparencia. Y una democracia que teme a la luz de la investigación termina debilitándose en la oscuridad de la manipulación.