Tomy Pérez Alcoreza
En los últimos años, el seguro de desgravamen ha aumentado de manera alarmante, convirtiéndose en una carga financiera que muchas familias bolivianas deben soportar, sin la posibilidad de recuperar este costo si no es utilizado. Es momento de cuestionar si es justo que un seguro, diseñado para ser una red de seguridad, termine siendo un peso injusto sobre quienes, con esfuerzo, buscan un hogar propio.
Para las familias que logran acceder a un préstamo hipotecario, el costo del seguro de desgravamen va más allá de ser una simple cifra. Es dinero que podría destinarse a la educación de sus hijos, la compra de alimentos o la mejora de su calidad de vida. Sin embargo, esta carga adicional parece ignorar las realidades económicas de quienes luchan por tener un techo propio. Para ponerlo en perspectiva: si la cuota mensual de un préstamo es de 1.000 bolivianos, alrededor de 200 bolivianos —una quinta parte— se destinan exclusivamente al seguro de desgravamen. Esto significa que cada mes, una familia debe desviar un 20% de su pago total hacia un seguro que, si no se activa por muerte o invalidez total, nunca podrán recuperar.
Imaginemos a una pareja joven, que ha trabajado incansablemente para reunir los ahorros necesarios para comprar su primera vivienda. Con ilusión y esperanza, firman un contrato de préstamo hipotecario, solo para descubrir que cada mes, una cuarta parte de su cuota se destina a un seguro que, si tienen la suerte de no necesitarlo, no les será reembolsado. Es un golpe duro, un recordatorio constante de que, a pesar de su esfuerzo, siguen siendo víctimas de un sistema financiero que parece desconectado de las necesidades de las familias trabajadoras.
Y lo más preocupante es que, en el desafortunado caso de que el seguro deba activarse, las aseguradoras imponen una serie de exclusiones que podrían dejar a la familia desprotegida justo en el momento en que más lo necesita. Esta situación, lejos de brindar la tranquilidad que debería ofrecer, genera angustia e incertidumbre. Lo que se supone que es un respaldo seguro, a menudo se convierte en una promesa vacía, cargada de condiciones que solo aumentan el temor de quienes confían en este mecanismo de protección.
Es crucial que las autoridades revisen y regulen estos seguros, garantizando que realmente protejan a quienes los contratan. No se trata únicamente de cifras abstractas; estamos hablando de personas, de familias que, con sacrificio, intentan mejorar su calidad de vida. El seguro de desgravamen debería ser un apoyo, no una carga. Y si no es utilizado, es fundamental que exista la opción de recuperar la totalidad o parte de ese costo, como sucede en otros países, para que las familias puedan reinvertir en su futuro y en su estabilidad.
La vivienda propia es mucho más que un bien material. Es el lugar donde nacen y crecen los sueños, donde se construyen recuerdos y se crían generaciones. Por eso, es vital que el sistema financiero esté alineado con las necesidades y realidades de quienes, con sacrificio y esperanza, buscan asegurar un hogar digno para sus familias. Un hogar no debe ser un lujo ni una carga insostenible; debe ser un derecho y un refugio para quienes trabajan por un futuro mejor.