Después de 17 años de proceso, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó anular el juicio penal contra el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, por el caso Porvenir, bajo el argumento de que se le vulneró el Debido Proceso (arts. 115.I y 177.II de la Constitución). El caso Porvenir devino de hechos de violencia registrados en 2008, cuando Fernández era prefecto de Pando. Entonces, se registraron varias muertes debido a un enfrentamiento de naturaleza política entre campesinos alentados por agentes gubernamentales y con el fin de defenestrar a la autoridad departamental.
Fernández fue injustamente sentenciado a 15 años de cárcel en 2017 por el delito alucinado de homicidio, sin embargo, ahora el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estableció que al ex prefecto le correspondía un juicio de responsabilidades y no un proceso ordinario. Por lo tanto y según el TSJ, el proceso vulnero el debido proceso, en cuanto a la garantía del juez natural. Con esta determinación judicial prevalecen los preceptos de la Ley 2445, "Juicio de Responsabilidades contra el Presidente, Vicepresidente, Ministros de Estado y Prefectos de Departamento por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones) que si bien ya está abrogada, por mandato del art. 4 “En Cuanto al Tiempo”, del Código penal, dicha ley le era aplicable para el momento de los hechos de Porvenir y previene a los prefectos como sujetos a juicios de responsabilidades por delitos cometidos en sus funciones.
Otro acto de transgresión legal por parte de la Fiscalía, fue la aprehensión del tik toker dedicado a las finanzas y criptomonedas, Juan Carlos Villafuerte, generando una polémica respecto a la libertad de expresión y las críticas al sistema financiero en el contexto de la desconfianza y la crisis económica que agobia al país. Al respecto, la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), mediante un comunicado, justificó justifico su denuncia en contra del ciudadano por este haber afirmados en Tik Tok que: “Peligran los Bancos en Bolivia” y “ya no pueden tener ustedes su dinero guardado en el banco, porque… están perdiendo plata… es la realidad”, citando específicamente a entidades financieras.
Además, la ASFI también argumentó que “Cualquier persona que, por algún medio, genere o difunda información falsa, tendenciosa o maliciosa que podría afectar la confianza en el Sistema Financiero Nacional incurriría, de acuerdo a lo establecido en el inciso f) del Artículo 363 quater del Código Penal, en el delito financiero cuando dicha información induce o provoca retiros masivos de depósitos, dañando la imagen o estabilidad del sistema bancario”; pretendiendo una sanción penal de cinco a diez años de privación de libertad.
Al respecto y conforme lo advierte el tipo citado penal que pretendió la ASFI, para que la conducta del tick toker se haya constituido en delito, conforme lo exige nuestro sistema penal cuando establece que el principio rector del Código penal patrio es la teoría finalista de la acción que prevé el delito como un todo unitario o indivisible, sin partes o elementos, por lo que, al no haberse provocado retiros masivos de depósitos a raíz de las manifestaciones del tick tocker, no hay delito.
Esos dos casos, son la muestra de lo que se ha suscitado de manera recurrente a lo largo de veinte años de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, y que se subsume como se conoce como “El Lawfare en la Justicia Gubernamental de Bolivia”, donde El Lawfare se refiere al uso estratégico del sistema legal como herramienta para lograr objetivos que en el pasado y durante las dictaduras nacionales e internacionales, normalmente se alcanzaban a través de medios militares o políticos, especialmente en el ámbito de la política y las relaciones internacionales. Implica la manipulación de las leyes y procesos judiciales para dañar o debilitar a un adversario así considerado por el régimen, en lugar de recurrir a la fuerza o a negociaciones tradicionales.
El término Lawfare" describe el uso del sistema legal como un arma de guerra o conflicto, donde las leyes se aplican de manera selectiva o distorsionada para perseguir a oponentes políticos o debilitar a estados. Se utiliza para desacreditar y perseguir a enemigos gubernamentales o a grupos específicos, a través de procesos judiciales y denuncias mediáticas, a menudo con el objetivo de minar su reputación y legitimidad.
En la Bolivia y bajo el régimen político de los últimos veinte años, conforme a los casos del Prefecto y del Tick Tocker citados, el Lawfare se utilizó de manera sistemática para judicializar la política, creando casos mediáticos que buscaron debilitar a ciertos líderes, partidos políticos o críticos del gobierno, a menudo en combinación con las campañas de desprestigio a los que estos y otros fueron indebidamente sometidos, representando un abuso del sistema legal por parte del gobierno imperante, ya que implico por parte de la administración política manipular las leyes y procesos para fines políticos que les interesaban y no para garantizar la justicia. La utilización del Lawfare en Bolivia socavo profundamente la democracia y el estado de derecho, ya que genero una aguda desconfianza en las instituciones y debilitó la confianza pública en el sistema legal vigente.
A menudo, los gobernantes combinaron dicha manipulación jurídica con campañas mediáticas para amplificar el impacto del Lawfare, generando un clima de opinión desfavorable para el objetivo político. Donde era normal ver al Ministro del Interior y/o su Viceministro de Régimen Interior comandar las investigaciones de los casos más importantes, cuando la ley del procedimiento penal art. 73 y art. 57 de la Ley del Ministerio Publico, previenen que el Director de las Investigaciones es únicamente el Ministerio Público. Amén de que dichos funcionarios al pertenecer al poder ejecutivo y no así al judicial, por la separación de poderes prevenida por el art. 12 de la Constitución que dispone que el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, donde la organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.
A los corrientes y en los umbrales de los nuevos comicios por el sillón presidencial, constatamos la imperante necesidad de desactivar el Lawfare en la justicia implantado por los masistas, por ello es ineludible que la población al momento de emitir su voto por el candidato de su preferencia lo haga considerando esta inexorable necesidad de contar con una justicia que goce de un mínimo de independencia y único sometimiento a la ley.