Nuevamente la violencia ligada al crimen organizado sacudió Santa Cruz la semana que termina. Dos hombres, a bordo de una lujosa vagoneta Lexus, fueron acribillados en la zona norte de la ciudad, a las 7:30 de la noche, por sicarios que huyeron en una motocicleta. Las víctimas, ambas con antecedentes penales por delitos graves —asesinato, narcotráfico, estelionato, violencia familiar, entre otros— ya habían pasado por Palmasola en años recientes.
La vagoneta, además, fue identificada como el mismo vehículo que conducía otro hombre secuestrado en el barrio Las Palmas hace apenas dos semanas, cuyo paradero sigue siendo un misterio. En ese caso, los captores se hicieron pasar por policías, con chalecos antibalas y armas en mano, antes de obligar a la víctima a subir a otro automóvil.
Las coincidencias y el patrón de violencia hacen suponer a las autoridades que se trata de ajustes de cuentas vinculados a redes criminales. “El tipo de armamento y la ejecución misma responden al crimen organizado”, reconoció el fiscal departamental. El ministro de Gobierno, por su parte, admitió que estos hechos —incluido el asesinato reciente de tres personas en otro barrio residencial— evidencian la operación de mafias internacionales en Bolivia, posiblemente en disputa por el control de negocios ilícitos que dejó tras de sí el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, tras su fuga del país.
La ciudadanía asiste a una realidad cruda: organizaciones criminales ejecutan asesinatos, secuestros y torturas en cualquier punto de la ciudad y a cualquier hora, con absoluta impunidad. Es una demostración de poder frente a unas fuerzas del orden debilitadas y un amedrentamiento directo contra la población, que vive cada vez más insegura.
Santa Cruz ha llegado a un punto crítico: ya no es seguro circular por la ciudad, los jóvenes enfrentan riesgos adicionales al acudir a centros de entretenimiento y los padres temen descuidar a sus hijos siquiera por un instante. La Policía luce claramente rebasada, como lo demuestra la proliferación de servicios de seguridad privada. Pero no es posible que el ciudadano común tenga que contratar guardaespaldas para moverse en su propia ciudad.
La seguridad y el combate al crimen organizado deben convertirse en prioridades del próximo gobierno, que asumirá el 8 de noviembre. Las últimas administraciones han fracasado en contener a las mafias internacionales. Hubo negación y complacencia: se decía que solo se trataba de “emisarios” del narcotráfico, mientras por nuestras fronteras desguarnecidas fluían otros delitos conexos: trata de personas, tráfico de armas, contrabando, robo de vehículos, minería ilegal y los sangrientos ajustes de cuentas.
Es hora de admitir que estas mafias no operan en soledad ni a pequeña escala. Se mueven en red, en varios continentes, con enormes flujos de dinero, armamento más sofisticado que el de nuestras fuerzas policiales y capacidad de corromper a funcionarios para blanquear capitales, falsificar documentos o controlar territorios enteros.
La lucha contra el crimen organizado internacional es desigual si Bolivia la enfrenta en solitario. Requiere cooperación real con países vecinos, intercambio de información sobre líderes mafiosos y sus modus operandi, logística conjunta y equipamiento moderno.
El Estado debe actuar ya. No solo para perseguir a los sicarios, sino para enfrentar a las estructuras que los financian, los protegen y los utilizan. La tranquilidad ciudadana depende de que, por primera vez, la lucha contra el crimen organizado se asuma como política de Estado y no como discurso coyuntural.