La semana pasada, el Órgano Ejecutivo promulgó la Ley Nº 1670 excepcional de suspensión temporal de embargos y ejecución de sentencias de procesos judiciales por créditos de vivienda de interés social y diferimiento de créditos otorgados para vivienda de interés social y créditos a las unidades económicas de tamaño micro y pequeña.
Bajo dicha ley, las entidades de intermediación financiera que desarrollan actividades dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, están obligadas a aplicar de manera automática el diferimiento de las cuotas correspondientes a las amortizaciones de los créditos que se encuentren vigentes al 30 de junio de 2025. El plazo del diferimiento será de seis meses, computables hasta su conclusión el 6 de mayo de 2026. Durante ese período, las cuotas postergadas deberán comprender todos los componentes financieros del crédito, es decir capital, intereses, seguros, comisiones y cualquier otro cargo asociado al contrato de financiamiento.
Es importante aclarar que “diferir” no significa dejar de pagar, sino pagar más adelante. En otras palabras, cuando una cuota se difiere, no se elimina la deuda, solo se pospone su fecha de pago. Esto quiere decir que el monto que se debía pagar (incluyendo capital, intereses, seguros o comisiones) se puede cumplir después del tiempo establecido originalmente, una vez que haya pasado el periodo de diferimiento.
Muchos ex diputados que llevaron adelante la promulgación de la mencionada ley, argumentan que “los bancos perdieron”, es de hacer notar que las leyes no se deben impulsar para que existen ganadores o perdedores. Si bien los prestatarios y pequeños emprendedores han recibido la medida con esperanza, considerando que ahora tienen una herramienta de protección económica que ofrece alivio frente a embargos, remates y ejecuciones judiciales. Pero en el razonamiento también deben estar las entidades de intermediación financiera, quienes expresaron su preocupación.
Es a partir de esta última parte que se debe hacer un análisis más profundo, ya que un diferimiento automático de pagos de cuotas significa que los bancos no recibirán esos ingresos en el plazo habitual, ello puede reducir el flujo de caja de las entidades, lo que podría dificultar su capacidad para cumplir con obligaciones propias, responder ante retiros de depositantes, o peor aún, otorgar nuevos créditos a los diferentes sectores que así lo requieran. Cuando la liquidez bancaria se ve debilitada, se genera un círculo de contracción del crédito: menores ingresos reducen la capacidad de las entidades financieras para otorgar préstamos, lo que a su vez limita la inversión productiva y, en consecuencia, ralentiza el crecimiento económico del país.
En ese orden de ideas, es importante (y estoy de acuerdo) en buscar proteger a las familias bolivianas y a los pequeños emprendedores ante la coyuntura económica que atraviesa el país, promoviendo la estabilidad social y económica mediante medidas que resguarden el poder adquisitivo; fomentando la producción nacional, incentivando el empleo digno y apoyar la sostenibilidad de los negocios locales. Sin embargo, estos esfuerzos no deben realizarse en desmedro un sector tan importante en la economía nacional, como es el sistema financiero. Sector que paga impuestos (posiblemente los más altos dentro de la economía formal), realiza aportes oportunos a la seguridad social a corto y largo plazo y que otorga estabilidad laboral a una gran cantidad de personas.
Es sustancial señalar que el sistema financiero desempeña un papel clave al conectar a quienes tienen capacidad de ahorro con quienes necesitan recursos para producir e invertir, permitiendo que el dinero circule y financie proyectos privados, viviendas, industrias, agricultura y emprendimientos en todo el país. Por ello, la protección de las familias, los emprendedores y el sistema financiero debe ser equilibrada y complementaria, ya que solo cuidando a todos los sectores productivos podremos avanzar con firmeza hacia una Bolivia más estable, inclusiva y próspera.