Las nuevas autoridades autonómicas —los nueve gobernadores y los 336 alcaldes del país— asumirán sus cargos en el peor contexto fiscal de las últimas décadas. Su principal desafío no será inaugurar obras ni cumplir promesas de campaña, sino aprender a gobernar con escasez, ordenar las finanzas públicas y encontrar nuevas fuentes de financiamiento.
El deterioro fiscal comenzó cuando terminó el auge de los ingresos por la venta de gas. En Santa Cruz, por ejemplo, la Gobernación pasó de recibir Bs 2.000 millones por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en 2014 a cerca de Bs 1.100 millones en la actualidad. Es una reducción cercana al 50%, pero si se considera el crecimiento poblacional del departamento en ese periodo, los recursos disponibles por habitante se redujeron aproximadamente en un 70%. Con matices, esta realidad se repite en gran parte de los gobiernos subnacionales del país.
Paradójicamente, esta escasez coincide con un momento político de expectativas infladas. Las autoridades electas hicieron grandes promesas y muchas de ellas se apoyan en la redistribución fiscal del 50-50 anunciada en campaña por el presidente Rodrigo Paz. Sin embargo, la aplicación de ese esquema está lejos de ser inmediata o sencilla. No está claro qué impuestos se redistribuirán, cuándo entrará en vigencia el nuevo sistema ni qué municipios o departamentos saldrán beneficiados o perjudicados.
Las nuevas autoridades heredarán, además, instituciones debilitadas por una crisis fiscal estructural. El fin del ciclo del gas dejó al descubierto la fuerte dependencia de los gobiernos subnacionales respecto al Estado central, a través del IDH, la coparticipación tributaria y otras transferencias. A esto se suma que muchas administraciones inflaron su burocracia, multiplicaron contratos y acumularon deudas.
Ante la falta de definiciones inmediatas desde el poder central, muchos gobiernos autonómicos se verán obligados a aplicar medidas de choque: ajustar el gasto público, reducir la burocracia, despedir personal y eliminar programas inviables. También deberán realizar auditorías profundas para detectar posibles actos de corrupción, contratos innecesarios y otras fugas de recursos.
La crisis obligará, además, a postergar proyectos grandiosos y concentrar los esfuerzos en lo esencial: salud, educación, recolección y tratamiento de basura, y transporte básico.
Sin embargo, gobernar en escasez también exige creatividad. Las nuevas autoridades tienen alternativas más allá de esperar transferencias del Estado central. Varios economistas sugieren explorar asociaciones público-privadas, mediante las cuales el sector privado financia, construye y opera proyectos de infraestructura. Experiencias similares han permitido desarrollar grandes obras en ciudades como Lima, Santiago o Medellín. Bajo esquemas de este tipo también podrían atenderse sectores críticos como la salud, que no puede esperar indefinidamente a que se resuelvan las discusiones fiscales.
El panorama es particularmente preocupante en el ámbito rural. Según la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, cerca del 20% de los municipios rurales podrían paralizar su funcionamiento por falta de recursos. Ya no se trata de una crisis futura, sino de un problema inmediato de gobernabilidad local.
Bolivia entra en una nueva etapa de administración pública. Durante años el país gobernó con la abundancia de los ingresos del gas; ahora deberá hacerlo en un escenario de escasez. El desafío de los nuevos alcaldes y gobernadores no será inaugurar obras, sino evitar el colapso financiero de sus instituciones y reinventar el modelo de gestión pública local.