La educación boliviana recibe el espaldarazo que necesitaba para comenzar a salir del estancamiento en el que ha estado sumergida durante varios años. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) confirmó un financiamiento de 50 millones de dólares para impulsar la reforma del sistema educativo del país.
Era momento de que Bolivia mire más allá de la coyuntura política y económica y ponga el acento en la reconstrucción del pilar educativo, que a la postre es la apuesta más sólida para mejorar la competitividad y elevar los índices de crecimiento económico y desarrollo humano.
La era del MAS instaló un modelo educativo fuertemente anclado en la ideología a través de la Ley Avelino Siñani–Elizardo Pérez, poco compatible con un enfoque moderno basado en evaluación, meritocracia y resultados. La niñez y la juventud bolivianas no han recibido la formación que merecen en las últimas dos décadas, y hoy resulta ineludible pensar en reformas profundas para cumplir con los requerimientos que exigen los organismos internacionales.
Para empezar, Bolivia carece de un diagnóstico técnico, integral y actualizado. El país no ha participado de manera consistente en pruebas internacionales como PISA, aunque es evidente que una gran parte del estudiantado presenta rezagos significativos en áreas básicas como lectura, matemáticas y ciencias. Tampoco existe una evaluación objetiva y periódica del desempeño docente, lo que ha desvinculado la carrera magisterial de los resultados en aula. A ello se suma el riesgo de que los sindicatos del magisterio se conviertan en un escollo y ejerzan poder de veto frente a reformas que impliquen salir de su zona de confort.
Con todo, resulta alentador que el Gobierno haya logrado este financiamiento, pues se asume que, pese a las debilidades señaladas, los planes de reforma cumplen los requisitos mínimos para alcanzar resultados. Según el Ministerio de Educación, la nueva política educativa se articulará en torno a varios ejes: la revisión y reforma de la ley vigente con participación de maestros, universidades, colegios privados y otros actores; el diseño de un nuevo currículo nacional acorde a las necesidades actuales del país; y la actualización de la malla curricular a partir de 2026, incorporando nuevos enfoques de enseñanza y aprendizaje.
Ojalá que de las mesas de trabajo surjan objetivos claros y verificables. Esta vez será indispensable ir más allá de conceptos nobles —inclusión, identidad, interculturalidad— y comprometerse con metas concretas: cuánto deben mejorar los estudiantes en lectura, matemáticas, ciencias y otras disciplinas; cómo se medirá el progreso; y quién rendirá cuentas si no se alcanzan los resultados. El financiamiento moderno está atado a hitos y desempeños, no a declaraciones generales.
La reforma también deberá garantizar sostenibilidad fiscal. El gasto educativo boliviano está altamente concentrado en salarios, con escaso margen para innovación, infraestructura, tecnología o capacitación. En un contexto de déficit fiscal persistente, los organismos multilaterales son especialmente cautos: no financian reformas que se vuelven inviables una vez agotado el crédito.
Bolivia debe aprovechar al máximo este apoyo de la CAF. Se ha dado un primer paso importante al presentar una reforma educativa creíble. Ahora corresponde ejecutar con rigor. La educación es demasiado importante para seguir atrapada en consignas ideológicas. Apostar por un proceso técnico, complejo y exigente es la única vía para que nuestros niños y jóvenes reciban una formación que les permita proyectar a Bolivia hacia el mundo con conocimientos y habilidades reales.
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