La reciente actuación de dos ‘entrevistadores’ frente a las candidatas subnacionales Davinia Fernández, en Santa Cruz, y Luciana Campero, en Tarija, revela un nivel de inaudita torpeza periodística que no solo sorprende, sino que preocupa. En lugar de realizar comentarios o preguntas sustantivas sobre propuestas, gestión pública o visión de desarrollo, ambos optaron por cuestionamientos que rozan el prejuicio y la descalificación personal.
En el caso de Fernández, el énfasis puesto en su pasado reciente como dizque “Miss Carnaval”, expone un sesgo tan superficial como anacrónico. Convertir la belleza o la participación en eventos culturales en motivo de sospecha política resulta, cuando menos, absurdo. La política democrática exige evaluar capacidades, ideas y trayectoria, no atributos físicos ni roles sociales que, lejos de ser reprochables, forman parte de la diversidad de experiencias de cualquier ciudadano.
Más delicado aún fue lo ocurrido con Campero, donde el tono y el contenido de la entrevista despertaron la alarma de la Defensoría del Pueblo, que advirtió sobre una posible vulneración de sus derechos humanos. Cuando una entrevista política deriva en un escenario de hostigamiento o trato degradante, se cruza una línea peligrosa como la del debilitamiento del debate democrático y el respeto a la dignidad personal.
El periodismo tiene la responsabilidad de fiscalizar al poder y someter a los candidatos al escrutinio público. Pero esa tarea exige rigor, inteligencia y ética. Cuando esas virtudes se reemplazan por prejuicios o interrogatorios mal planteados, el resultado no es un mejor periodismo, sino una degradación del espacio público. Y en tiempos donde la calidad del debate político ya enfrenta suficientes desafíos, semejante torpeza resulta, sencillamente, inadmisible.
(*) El autor es presidente del Consejo Editorial