El caso del exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, según las acusaciones divulgadas por la prensa y la justicia, revela el nivel escandaloso de un desparpajo que indigna. No solo por el presunto uso ilegal de recursos públicos, sino por la ostentación provocadora del acusado. Que un funcionario de alto rango utilizara dineros del Estado y supuestas “contribuciones especiales” para adquirir un automóvil preparado para correr y cuyo costo podría superar los $us 100.000 dependiendo además del equipo de competición instalado, pone en evidencia una desconexión completa de una crisis económica galopante y las obligaciones éticas del cargo. Es, en este caso, una veleidad inadmisible costeada, ‘de yapa,’ con plata ajena.
Más grave aún es la imputación de que Cruz habría armado todo un esquema de extorsión, a empresarios de la construcción, exigiendo el 8% del valor de cada obra. Si esto se confirma, no solo se trata de corrupción, sino de un mecanismo de presión sistemática que encarece proyectos, distorsiona la competencia y erosiona la confianza que el ciudadano debería depositar en las instituciones.
Lo que más llama la atención es la aparente naturalidad con que el exfuncionario se movía en ese entramado corrupto. El desparpajo no es solo la compra del bólido de carreras, sino el despilfarro de recursos públicos como botín administrable a conveniencia. Este caso debe servir como recordatorio de la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control, garantizar transparencia absoluta en los procesos de contratación y promover una cultura política donde el servicio público no sea visto como oportunidad para incrementar la riqueza personal, sino como un compromiso de servicio a la comunidad.