El sistema de bonos de asistencia social implementado por el gobierno boliviano constituye una herramienta fundamental para la mitigación de la pobreza y la reducción de desigualdades en uno de los países con mayor vulnerabilidad social en América Latina.
Estos programas, lejos de ser simples ayudas económicas asistenciales, representan una inversión estratégica en la cohesión social, el desarrollo humano y la estabilidad económica del país. La diversidad de beneficios otorgados, que incluyen desde incentivos educativos hasta apoyos a mujeres embarazadas, personas mayores y con discapacidad, refleja la intención de cubrir necesidades multisectoriales, apuntalando así derechos fundamentales como el acceso a la educación, la salud y la inclusión social.
El sistema de bonos de asistencia social en Bolivia alcanza a aproximadamente 3.5 millones de personas, distribuidas entre los principales programas vigentes. Los beneficiarios se agrupan en cuatro grandes categorías relacionadas con los bonos más relevantes: estudiantes, mujeres embarazadas y niños pequeños, adultos mayores y personas con discapacidad grave o muy grave.
Los datos aproximados para 2024-2025 son los siguientes:
• Bono Juancito Pinto: Beneficia a cerca de 2.3 millones de estudiantes de primaria y secundaria en unidades educativas fiscales y de convenio. El monto anual por persona es de Bs 200, lo que implica una erogación anual estimada de Bs 460 millones.
• Bono Juana Azurduy: Dirigido a unas 300,000 mujeres embarazadas, puérperas y niños menores de 2 años. El monto promedio real recibido es de Bs 1,200 por beneficiaria, con una erogación anual estimada en Bs 360 millones.
• Renta Dignidad: Beneficia a aproximadamente 1.1 millones de personas mayores de 60 años, con un pago mensual que varía entre Bs 350 para no jubilados y Bs 300 para jubilados. La erogación anual alcanza los Bs 4,440 millones, siendo el mayor gasto social directo del Estado boliviano.
• Bono para personas con discapacidad grave o muy grave: Cubre a unas 70,000 personas certificadas, con un monto mensual de Bs 250 y una erogación anual estimada en Bs 210 millones.
En total, la erogación anual estimada para estos bonos suma aproximadamente Bs 5,470 millones.
Los bonos sociales, en particular el Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy, la Renta Dignidad y el bono para personas con discapacidad grave, están diseñados para atender de manera focalizada a algunos de los sectores más vulnerables. Su alcance es considerable: aproximadamente 3.5 millones de personas se benefician directamente, lo cual en un país de Bolivia significa un impacto extensivo en la población económicamente más débil. Las cuantías, aunque modestas en términos absolutos, tienen un peso significativo en los hogares destinatarios, permitiendo cubrir gastos básicos como alimentos, medicinas, transporte y útiles escolares, elementos que muchas veces marcan la diferencia entre la permanencia o la deserción escolar, o incluso entre la vida y la muerte en el caso de atención materno-infantil.
Uno de los puntos más destacados que emerge del análisis del gasto en estos bonos es el efecto multiplicador que generan sobre la economía nacional, debido a que el 95% de estos recursos se destina al consumo inmediato, principalmente en alimentos, vestuario, transporte y servicios básicos. Con una propensión marginal a consumir (PMC) estimada en 0.95, el multiplicador keynesiano simple sería teóricamente muy alto (20), pero en la realidad, considerando fugas por importaciones, impuestos y ahorro, el multiplicador realista se ubica entre 1.5 y 2.5. Este consumo activo no solo beneficia a los hogares titulares de los bonos, sino que también impulsa la producción local, favorece la actividad comercial y contribuye a la generación de empleo. De hecho, aun considerando supuestos realistas y ajustes por fugas económicas, se estima que el impacto indirecto de este gasto social equivale a un aumento del 3.2% del PIB boliviano.
La vigencia y continuidad de estos programas son, además, vitales desde una perspectiva social y política. Al fortalecer el vínculo entre el Estado y sectores históricamente marginados, los bonos sociales actúan como un instrumento de legitimación institucional y cohesión social, evitando tensiones y conflictos derivados de inequidades extremas. Su aporte a la construcción de una base mínima de seguridad socioeconómica también es clave para la gobernabilidad y la estabilidad política en un contexto donde la inseguridad económica puede ser un factor de desestabilización.
Asimismo, desde el punto de vista fiscal, la inversión destinada a estos bonos es relativamente baja, representando menos del 2% del PIB. Sin embargo, su importancia en términos distributivos es muy alta, superando en eficiencia a otro tipo de subsidios menos focalizados y más regresivos, como los dirigidos a combustibles. Esto indica que, incluso en escenarios de restricciones presupuestarias, el financiamiento de estos programas es sostenible y prioritario por su alta rentabilidad social y económica.
Los beneficios del sistema no se limitan exclusivamente a los receptores directos, sino que contribuyen a la movilidad social y a la reducción de brechas estructurales a largo plazo. Por ejemplo, el Bono Juancito Pinto ha demostrado disminuir significativamente la deserción escolar, fomentando la permanencia en el sistema educativo y, por ende, mejorando las futuras perspectivas laborales y económicas de las nuevas generaciones. El Bono Juana Azurduy impacta directamente en indicadores de salud materno-infantil, reduciendo la mortalidad y promoviendo un acceso más equitativo a servicios básicos. Mientras tanto, la Renta Dignidad proporciona una red de soporte para los adultos mayores, mejorando su autonomía financiera y dignidad.
Mantener y fortalecer estos programas es, por lo tanto, una decisión ética con profundas implicaciones económicas y sociales. Representan una política pública coherente con los objetivos de desarrollo sostenible, alineándose con compromisos internacionales para erradicar la pobreza, eliminar el hambre y garantizar salud y educación de calidad para todos. Más allá de ser un gasto, los bonos sociales actúan como motores de inclusión, desarrollo y estabilidad, transformando realidades domésticas precarias y contribuyendo a la construcción de un país más justo y equitativo.
En síntesis, los bonos sociales en Bolivia son mucho más que una ayuda económica: son una inversión en dignidad, equidad y futuro. Prescindir de ellos sería desconocer el rol indispensable que tienen en la construcción de un tejido social más resiliente, en la generación de oportunidades y en la consolidación de una economía dinámica y sostenida en el bienestar colectivo. Por ello, cualquier esfuerzo para mantener y mejorar estos programas debe ser considerado una prioridad nacional que trascienda coyunturas políticas y se consolide como una política pública permanente, inclusiva y eficaz.