Una ideología política es un conjunto de ideas, valores, principios y propuestas que explican cómo debería organizarse y funcionar la sociedad, el Estado y la economía. Sirve como guía para la acción política y para la toma de decisiones de partidos, gobiernos y movimientos sociales.
La ideología de extrema derecha se caracteriza por un fuerte nacionalismo, autoritarismo y una defensa férrea de tradiciones y valores conservadores. En ocasiones, puede incluir posturas xenófobas, racistas y discriminatorias. Sus partidarios abogan por un Estado fuerte, pero con menos intervención económica, favoreciendo la propiedad privada y el libre mercado, aunque con ciertos matices proteccionistas.
Entre los valores que promueven están el orden, la jerarquía y la identidad nacional. Ejemplos históricos fueron el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia y el franquismo en España. Hoy en día, partidos como Vox en España, Ley y Justicia en Polonia o la Agrupación Nacional en Francia representan a esta corriente en Europa.
En América Latina, si bien no hay estructuras ampliamente dominantes de extrema derecha, líderes como Jair Bolsonaro en Brasil han manifestado elementos de esta ideología, sobre todo en su discurso autoritario y conservador en temas morales y sociales.
Por otro lado, la ideología de extrema izquierda se fundamenta en la búsqueda de la igualdad total, rechazando el capitalismo y proponiendo la colectivización de los medios de producción y una economía controlada por el Estado. Sus valores son la justicia social, la solidaridad y la emancipación de los sectores más desfavorecidos. Esta corriente promueve transformaciones radicales y, en algunos casos, revoluciones para cambiar el sistema socioeconómico vigente. Ejemplos históricos incluyen la Unión Soviética bajo Lenin y Stalin, China maoísta y Cuba desde 1959. Actualmente, partidos comunistas en China y Cuba, junto a movimientos de izquierda radical en varios países, representan esta línea. En América Latina, el Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, el Partido Socialista Unido de Venezuela y otras organizaciones forman parte de esta corriente.
La ideología de centro se ubica en una posición intermedia entre los extremos, buscando un equilibrio entre libertad e igualdad. Reconoce la importancia del libre mercado, pero sostiene que el Estado debe intervenir para regular y redistribuir con el fin de evitar desigualdades extremas.
Defiende la democracia liberal, los derechos individuales y apuesta por el diálogo político, la moderación y las reformas graduales en lugar de rupturas profundas. Partidos socialdemócratas, liberales moderados y demócrata-cristianos suelen estar incluidos en esta categoría. Ejemplos son los partidos Socialdemócratas de Alemania (SPD), los Liberal Demócratas del Reino Unido, el Partido Liberal en Canadá, y en Latinoamérica, coaliciones más moderadas como la Concertación en Chile en los 90-2000. En Bolivia, los partidos como Libre y el Frente de Unidad Nacional representan posiciones centradas o centro-izquierda moderada.
Sin embargo, más allá del rígido apego a las ideologías, surge el concepto de pragmatismo político, que prioriza la efectividad y la adaptación sobre seguir principios inamovibles. Mientras la ideología se basa en doctrinas fijas y puede representar coherencia, pero también rigidez, el pragmatismo permite flexibilidad, una capacidad valiosa para responder a crisis y cambios en el entorno.
Países como Singapur, Suiza, China y Chile han demostrado que amalgamar ideas y adaptar políticas según resultados y evidencia puede conducir a mayores logros sociales y económicos, superando fracturas ideológicas.
El modelo nórdico de socialdemocracia pragmática es el ejemplo más notable de esta combinación exitosa. Países como Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia han logrado conjugar altas cargas impositivas con un bajo nivel de desigualdad y pobreza, transparencia institucional, servicios públicos universales de alta calidad, y economías abiertas y competitivas.
Este equilibrio se sostiene sobre pilares claros: una economía capitalista libre y altamente competitiva que genera riqueza, un Estado de bienestar que ofrece educación, salud y protección social universales, impuestos progresivos que financian estos servicios con alta confianza ciudadana e instituciones sólidas.
En cuanto a Bolivia, un país que enfrenta importantes retos en institucionalidad, pobreza, informalidad y dependencia de recursos naturales, el modelo nórdico de socialdemocracia pragmática se presenta como una referencia valiosa para aspirar a un desarrollo inclusivo y sostenible. Este modelo se caracteriza por combinar una economía competitiva de libre mercado con un Estado de bienestar universal, financiado con impuestos altos (principalmente para las empresas estratégicas) pero justos, transparencia, baja corrupción y una cultura de confianza social.
El plan-guía para adaptar el modelo nórdico a Bolivia consta de varias fases y acciones concretas enfocadas en cinco pilares principales:
1. Instituciones y gobernanza: Fortalecer la lucha contra la corrupción con una unidad anticorrupción independiente, leyes de transparencia de contratos y digitalización de trámites públicos para reducir la corrupción.
2. Finanzas públicas: Aumentar progresivamente la recaudación fiscal, ampliar la base tributaria, reducir exenciones injustificadas, y crear un fondo soberano para estabilizar ingresos provenientes del litio y gas, que financie inversiones en capital humano e infraestructura.
3. Formalización y mercado laboral: Simplificar registros y trámites para Pymes, otorgar incentivos temporales para la formalización y promover programas de capacitación técnica y reconversión laboral.
4. Educación y salud: Priorizar la educación preescolar gratuita de calidad y la formación técnica vinculada a sectores estratégicos como energías renovables y minería sostenible. Fortalecer el sistema de salud primaria mediante centros locales y telemedicina.
5. Política industrial y medio ambiente: Fomentar la industrialización con valor agregado del litio y gas, estableciendo cláusulas que obliguen a procesamiento local, transferencia tecnológica y respetando impactos ambientales y derechos de comunidades indígenas.
La hoja de ruta se divide en:
• Corto plazo (1–3 años): Estabilizar y limpiar la credibilidad fiscal, iniciar auditorías, modernizar la recaudación, fomentar pactos sociales y pilotos de formalización.
• Mediano plazo (3–8 años): Ampliar cobertura de servicios sociales, aumentar la recaudación sostenible y diversificar la economía con valor agregado.
• Largo plazo (8–20 años): Consolidar un Estado de bienestar sostenible con servicios universales de calidad, economía diversificada y una cultura cívica fuerte.
* Carlos A. Ibáñez Meier, Ph.D en Economía