La Cumbre Escudo de las Américas, convocada por el presidente estadounidense Donald Trump, se celebró el pasado fin de semana en el área metropolitana de Miami con la participación de más de una docena de mandatarios latinoamericanos, entre ellos Bolivia. El encuentro sentó las bases para impulsar una estrategia conjunta de seguridad hemisférica, enfocada principalmente en la lucha contra los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
La iniciativa busca articular las capacidades policiales, militares y de inteligencia de los países participantes para enfrentar a estos grupos criminales, a los que la Casa Blanca ha comenzado a calificar como organizaciones terroristas con el objetivo de destinar mayores recursos y herramientas para combatirlos. Algunos analistas internacionales advierten que el alcance de esta propuesta podría ir más allá de restablecer mecanismos tradicionales de cooperación, como los que en su momento mantuvo la DEA. En el fondo, la estrategia también apunta a reforzar la influencia estadounidense en el continente bajo una reinterpretación de la Doctrina Monroe, resumida en la conocida consigna de “América para los americanos”.
La principal debilidad inicial de esta alianza radica en la ausencia de varios países clave para alcanzar los objetivos planteados, entre ellos Brasil, México, Perú, Colombia y Uruguay. Las diferencias políticas e ideológicas con el actual gobierno estadounidense parecen explicar su ausencia.
Más allá de esas discrepancias, lo cierto es que prácticamente todos los países del continente han sufrido durante décadas el impacto del narcotráfico y del crimen organizado. Estas redes no solo trafican drogas con gran eficiencia hacia distintos mercados del mundo, sino que también protagonizan una amplia gama de delitos violentos, utilizando armamento sofisticado y, en muchos casos, beneficiándose de redes de corrupción y complicidad dentro de estructuras estatales.
En ese contexto, la cooperación internacional aparece como una necesidad evidente. Para países con capacidades limitadas, como Bolivia, enfrentar en solitario a estas organizaciones resulta extremadamente difícil. La presencia del narcotráfico y del crimen organizado se ha ido consolidando en el país con el paso de los años, por lo que resulta urgente pasar del diagnóstico a la acción.
Al mismo tiempo, la participación de Bolivia en esta iniciativa puede abrir oportunidades más amplias en el terreno económico y diplomático. Una normalización de las relaciones con Estados Unidos podría traducirse en mayores flujos comerciales, atracción de inversiones y apertura de nuevos mercados para los productos bolivianos.
En esa línea, el presidente Rodrigo Paz subrayó durante la cumbre la importancia estratégica de Bolivia dentro del continente al afirmar que “sin Bolivia no hay seguridad hemisférica ni desarrollo económico pleno en nuestra región”. Más allá del énfasis político de la frase, el mensaje apunta a posicionar al país como un actor relevante dentro de una nueva dinámica regional.
Sin embargo, para aprovechar plenamente esta apertura, Bolivia debe fortalecer su aparato diplomático. Tras los primeros meses de gobierno, varias embajadas aún operan con estructuras y representantes heredados de la anterior administración. La renovación de embajadores y la redefinición de prioridades en política exterior requieren tiempo, pero también decisión política y recursos.
Es momento de dar pasos firmes en una política de apertura que promueva la complementariedad entre los países de la región, siempre en un marco de respeto a las instituciones, las leyes y la soberanía de cada nación.