Bolivia enfrenta una encrucijada que define su viabilidad como país funcional. Los bloqueos de carreteras, normalizados durante décadas como herramienta de presión política –fomentados principalmente por el MAS– han dejado de ser manifestaciones excepcionales para convertirse en un mecanismo cotidiano que paraliza la economía nacional y vulnera derechos fundamentales de millones de ciudadanos. Lo que comenzó como una forma de protesta social ante la debilidad institucional del Estado se transformó en un sistema perverso donde quien logra cerrar más caminos obtiene más poder de negociación, dejando al país rehén de conflictos recurrentes que cuestan miles de millones de dólares.
Las cifras económicas son contundentes y alarmantes. Estimaciones conservadoras calculan pérdidas directas entre cincuenta y setenta millones de dólares diarios durante los bloqueos, mientras que análisis más integrales que consideran comercio exterior, logística, turismo y servicios elevan ese monto a entre $120 y $200 millones de dólares por día cuando se afectan rutas estratégicas. Un bloqueo prolongado de dos o tres semanas puede generar daños superiores a los mil quinientos millones de dólares ($1.500 MM USD), equivalentes a varios puntos del crecimiento anual del país. Más allá de estas cifras inmediatas, existen costos invisibles pero devastadores: contratos internacionales rotos, mercados de exportación perdidos permanentemente, deterioro irreversible de la confianza inversora y un incremento estructural de precios que termina golpeando a los sectores más vulnerables de la población.
El problema trasciende lo económico y se instala en el corazón mismo del sistema político boliviano. Los bloqueos funcionan porque el Estado ha sido incapaz o renuente a establecer límites claros entre el legítimo derecho constitucional a la protesta y el abuso sistemático que impide a otros ciudadanos trabajar, desplazarse, acceder a alimentos o recibir atención médica. Durante años, estos métodos fueron tolerados, alentados o justificados según la conveniencia política del gobierno de turno, creando un incentivo perverso: bloquear no solo resulta efectivo, sino que casi nunca tiene consecuencias. El diálogo se convirtió en una formalidad posterior al chantaje, no en un mecanismo previo de resolución de conflictos.
La experiencia latinoamericana ofrece lecciones valiosas. Países como Chile, Perú y Colombia no eliminaron el conflicto social ni reprimieron el derecho a manifestarse, pero sí establecieron límites claros cuando la protesta afecta carreteras estratégicas, puertos o cadenas de suministro vitales. Donde el Estado actúa con reglas predecibles y aplicación imparcial, el bloqueo pierde eficacia como instrumento de presión política. Donde el Estado vacila o aplica la ley selectivamente, el conflicto se reproduce y agrava.
En este contexto, la propuesta legislativa que actualmente se analiza en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, planteada por el diputado Carlos Alarcón, es un verdadero avance. El proyecto busca establecer que el bloqueo no es un derecho sino un delito, diferenciándolo explícitamente del derecho constitucional a la protesta, la marcha o la movilización. La escala de sanciones propuesta va de tres a seis años de prisión en su forma básica, de cinco a ocho años para promotores y financiadores, llegando hasta veinte años cuando los bloqueos deriven en violencia contra personas o bienes.
La iniciativa también contempla protección legal para policías y militares que actúen de forma legal, necesaria y proporcional en el levantamiento de bloqueos, además de establecer responsabilidad civil solidaria que permitiría a los afectados demandar reparación de daños a cualquiera de los organizadores. Sin embargo, el verdadero desafío no radica en aprobar una ley, sino en aplicarla con credibilidad y coherencia en un país donde la institucionalidad es débil y la justicia carece de independencia.
Una norma mal diseñada o aplicada selectivamente sería contraproducente: convertiría dirigentes en mártires, profundizaría la polarización y debilitaría aún más la legitimidad estatal. Pero renunciar a establecer límites también tiene un costo inaceptable: condenar a Bolivia a seguir siendo rehén de conflictos que destruyen su economía y erosionan su democracia.
El debate fundamental no es si Bolivia necesita una ley contra los bloqueos, sino si está dispuesta a reconstruir la autoridad del Estado sobre bases democráticas genuinas. Esto requiere reglas claras, procedimientos ágiles, respeto al debido proceso y, sobre todo, coherencia en la aplicación. Sin estas condiciones, cualquier legislación será letra muerta o instrumento de persecución política.
Bolivia debe recuperar un principio elemental: protestar es un derecho, pero bloquear carreteras y secuestrar la vida de millones no lo es. El país necesita trazar esa frontera con claridad, no para negar la voz social, sino para proteger la convivencia democrática, salvaguardar una economía frágil que no resiste más sangrados millonarios y defender la libertad de quienes hoy pagan el precio de una política hecha a punta de piedras y caminos cerrados. El futuro de Bolivia depende de su capacidad para entender que gobernar desde la calle no es democracia, sino su negación.
* Carlos Ibáñez Meier, Ph.D en Economía