En Bolivia la carrera electoral enfrenta a dos proyectos muy distintos para salir de la crisis: el de Jorge “Tuto” Quiroga, de Libre, y el de Rodrigo Paz, del PDC. Ambos reconocen el déficit fiscal insostenible, el desplome de las reservas y la urgencia de recuperar credibilidad internacional. Pero mientras uno apuesta por ajustes claros y disciplina macroeconómica, el otro recurre a promesas que, en el mejor de los casos, lucen poco realistas y, en el peor, peligrosamente populistas.
Quiroga plantea un paquete de medidas duras pero coherentes. Su idea de cerrar empresas públicas deficitarias, reducir el exceso de burocracia y negociar con organismos multilaterales es impopular, pero responde a la lógica de estabilizar primero para crecer después. Habla de reestructurar el Estado con “motosierra y tijera”, una metáfora que genera resistencia social, aunque en esencia apunta a recortar un gasto insostenible y devolver credibilidad a los balances fiscales. La propuesta de entregar acciones de empresas estratégicas a los ciudadanos bajo un esquema de “propiedad popular” puede sonar ambiciosa, pero refleja una búsqueda de participación ciudadana en la economía sin romper el principio de eficiencia. Si algo se le puede criticar, es la falta de claridad sobre cómo amortiguará el impacto social de esas reformas. Sin políticas de protección, los costos podrían ser altos, pero al menos reconoce que el camino a la recuperación exige disciplina y sacrificio.
Rodrigo Paz, en cambio, ha optado por un discurso mucho más atractivo al oído del votante, pero vacío en sustento. Promete pensiones de 300 dólares, renta directa financiada por recursos naturales y la legalización de autos indocumentados para recaudar fondos. Estas medidas no solo carecen de base técnica, sino que envían la señal de que la ley puede doblarse a conveniencia política. Su negativa a negociar con el FMI y su resistencia a recortes sugieren que su prioridad es la popularidad inmediata antes que la estabilidad futura. Además, al rechazar despidos o cierres de empresas deficitarias sin ofrecer alternativas, prolonga el problema en lugar de resolverlo. El resultado sería más déficit, más deuda y menos confianza, lo que complica cualquier intento serio de acceder a financiamiento internacional.
Quiroga insiste en que Bolivia necesita un viraje drástico, casi quirúrgico. Su discurso se ha convertido en metáfora: motosierra, machete y tijera para reducir el aparato estatal y terminar con los “elefantes azules”, esas empresas públicas deficitarias que devoran el presupuesto. Propone recortar miles de funcionarios, liberalizar sectores estratégicos y recurrir a financiamiento multilateral como vía de estabilización. Su idea de “propiedad popular”, que entrega acciones a los ciudadanos mientras el Estado conserva el voto de oro, suena innovadora, pero enfrenta obstáculos legales y políticos enormes. También promete metas fiscales claras, recuperar la independencia del Banco Central y abrir de nuevo las puertas al FMI. Estas medidas, aunque duras, son las que más rápidamente podrían restablecer la confianza de acreedores e inversionistas, condición indispensable para colocar bonos soberanos en mercados internacionales. Sin embargo, el costo político y social es evidente: el país podría enfrentar protestas masivas, litigios laborales y un fuerte choque con sectores que dependen del gasto público.
Rodrigo Paz, en cambio, prefiere la moderación discursiva y una narrativa de “capitalismo para todos”. Promete auditorías antes de cerrar empresas, rechaza despidos masivos y plantea reducir impuestos y aranceles para dinamizar la economía. Su propuesta más llamativa es la de renta directa financiada con recursos naturales, una suerte de redistribución inmediata que le da atractivo electoral, pero despierta dudas sobre su sostenibilidad. También habla de legalizar vehículos indocumentados como fuente de ingresos, medida que podría aportar liquidez a corto plazo pero que erosiona el principio de Estado de derecho y proyecta la imagen de un país dispuesto a blanquear contrabando. En materia de financiamiento internacional, su resistencia al FMI le permite capitalizar el sentimiento soberanista, aunque complica la posibilidad de un programa de estabilización con metas verificables. Ha mostrado apertura al diálogo bilateral, lo que puede abrir puertas con Estados Unidos o con la Unión Europea, pero sin un ajuste fiscal convincente su credibilidad frente a multilaterales seguirá siendo frágil.
La diferencia crucial es que, con Quiroga, Bolivia podría recuperar la puerta de entrada a multilaterales y mercados de capital a cambio de ajustes severos, algo que ningún acreedor ignora. Con Paz, el país corre el riesgo de hundirse más en la ilusión populista, perdiendo credibilidad ante los inversionistas y posponiendo la factura económica. En definitiva, Bolivia no necesita promesas fáciles, sino decisiones firmes. Paz ofrece espejismos que pueden estallar en frustración; Quiroga, aunque severo, ofrece una ruta más cercana a la realidad. La verdadera pregunta es si el electorado está dispuesto a enfrentar la verdad incómoda o seguirá apostando por los atajos que lo han llevado, una y otra vez, a la crisis.
La pregunta que deben hacerse los votantes no es quién ofrece más, sino quién está dispuesto a decir la verdad incómoda. Quiroga parece más alineado con lo que exigen los organismos internacionales y los mercados, lo que podría darle acceso rápido a financiamiento. Pero la viabilidad política de su plan es riesgosa si no acompaña los recortes con programas de mitigación social. Paz, en cambio, ofrece una ruta más digerible para la ciudadanía, con promesas que suenan bien pero que corren el riesgo de convertirse en frustración cuando los números no cierren. La credibilidad no se construye con discursos, sino con hechos verificables: balances auditados, leyes aprobadas, acuerdos internacionales firmados. En última instancia, lo más descabellado sería creer que Bolivia puede salir de la crisis sin ajustes, sin costos y sin negociación con los acreedores. El país necesita un proyecto que combine disciplina macroeconómica con sensibilidad social, que no sacrifique estabilidad por populismo ni caiga en el tecnocratismo sin política.