Hay noches en que el silencio de la celda pesa más que los barrotes. No se escucha la voz del juez ni del fiscal; solo el eco de una pregunta que desgarra: ¿por qué estoy aquí si no hice nada? En Bolivia, demasiadas vidas han sido arrojadas a ese abismo. La condena del inocente no es un “error” del sistema: es su confesión. Cuando el Estado encierra a quien no cometió delito, hiere la dignidad humana, rompe la confianza social y degrada la democracia.
El nombre de Richard Mamani se ha vuelto sinónimo de esa herida. Entró a Morros Blancos, en Tarija, con 19 años y salió nueve años después con las manos curtidas, la mirada vigilante y una juventud que nadie le devolverá. No hubo ADN, no hubo investigación rigurosa: hubo prisa por condenar. Su libertad no llegó por la eficacia del sistema, sino por la tenacidad de una abogada comprometida, el amparo de un sacerdote y el tardío rigor de magistrados que corrigieron -a destiempo- la injusticia. Richard carga con el trauma de la cárcel, con el estigma y con la revictimización de instituciones que aún le piden “volver” para votar o para “acreditar” su inocencia. ¿Quién repara eso?
El caso del médico Jhiery Fernández estremeció al país por su absurdo: acusado sin sustento del crimen más infame, durmió sobre cartones en “La grulla” del penal de San Pedro, mientras su nombre era arrojado al escarnio. Años después, la absolución no borró la marca ni cesó la persecución procesal. Lo que vivió Jhiery -la presunción de culpabilidad como regla, la prisión preventiva como pena anticipada, la presión mediática como prueba- reveló un patrón intolerable.
La lista es más larga. Cambian los escenarios, se repiten los mecanismos: detenciones arbitrarias, “procedimientos abreviados” ofrecidos como chantaje, informes periciales endebles, defensas públicas sin recursos, audiencias que se aplazan hasta quebrar resistencias, y un hacinamiento carcelario que convierte la espera en castigo.
Este no es solo un problema técnico; es una crisis ética. Un sistema que normaliza la condena del inocente viola el debido proceso, desprecia la presunción de inocencia y vacía de contenido el mandato constitucional. Y la sociedad, cuando mira a otro lado, se convierte en cómplice pasivo. Cada expediente mal llevado es una familia arruinada; cada audiencia dilatada, un hijo que crece con vergüenza; cada sentencia sin prueba, una derrota de la verdad.
La reparación integral a las víctimas es un deber jurídico y moral: compensación económica, atención psicológica, restitución del honor, sanción a quienes manipularon pruebas o torcieron procedimientos, y garantías de no repetición que no se queden en la retórica. Pero la reparación no bastará sin cambios estructurales: independencia real de jueces y fiscales, carrera meritocrática, defensoría pública robusta y límites estrictos a la detención preventiva, entre varios cambios imprescindibles. La justicia no puede seguir siendo una caja negra.
El país abre un ciclo político con el presidente electo Rodrigo Paz Pereira. Su compromiso de una reforma judicial profunda no es un punto del plan de gobierno: es la piedra de toque de su legitimidad. La transformación debe ser integral. No se trata de cambiar nombres, sino de separar justicia de cálculo político, blindar a los operadores probos y limpiar a los corruptos.
La justicia boliviana solo recuperará credibilidad si asume la responsabilidad de no destruir más vidas en nombre de la ley. En este nuevo ciclo político, la reforma judicial es una exigencia moral impostergable. Un Estado que encierra a inocentes no es justo ni libre; una democracia que los olvida deja de merecer su nombre.