Con el propósito de impulsar un modelo económico equilibrado que sea útil para cada uno de los bolivianos, el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) firmaron ayer, un Acta Constitutiva para crear el Consejo de Desarrollo Productivo que le dará mayor protagonismo al sector privado en la búsqueda de políticas económicas.
“Con este convenio, queremos mostrar la voluntad política de este Gobierno de transición, de trabajar en forma conjunta con los empresarios privados. Es un convenio que nos obliga a trabajar de manera entrelazada para buscar destrabar el país, abriendo la economía en todos los escenarios posibles para que con la inversión privada y futura, la actividad económica se potencie”, manifestó el ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo.
Al momento de firmar la resolución y después de saludar al presidente de la CEPB, Luis Fernando Barbery, el ministro añadió que esa carrera con obstáculos que tenían las empresas, va a ir disminuyendo, en la medida en que se las estudie y se vea la factibililidad de cómo abrir la economía pero al mismo tiempo, regular a las empresas nacionales.
Satisfacción empresarial
Entre tanto, el presidente de la CEPB, agradeció la apertura del Gobierno y expresó que con el Consejo, se van a plantear soluciones a los distintos problemas que se tengan principalmente, en lo productivo.
“Nos alegra más porque nos muestra que estamos siendo valorados, como empresarios, protagonistas de la producción, de generación de empleos, de generación de riqueza, de poder ser actores más importantes en el crecimiento de la economía y prosperidad para el país”, dijo.
Constitución
El Consejo estará conformado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Comité Ejecutivo de la CEPB, pero también, podrán participar otras entidades públicas o privadas a invitación del Ministerio.
El Gobierno no comprometerá recursos económicos públicos para este Consejo.
Los consensos a los que arribe el Consejo, tendrán carácter consultivo y servirán de referencia para la adopción de las políticas económicas, en el marco de las atribuciones del ministerio, las que no tendrán en ningún escenario, carácter vinculante.
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