Más sombras que luces. Así, con esa consideración, empresarios y expertos creen que el anuncio estatal de inversión de Bs 3.452 millones ($us 497,7 millones) para implementar proyectos industriales y así robustecer la política de sustitución de importaciones es una mala idea, deduciendo que no son necesarios y que terminarán siendo improductivos, elefantes ‘blancos’, ineficientes y deficitarios.
“El presidente ‘Lucho’ no solamente está pensando en un departamento, en una sola región, está pensando en todas las regiones del país donde existe vocación productiva para implementar plantas industriales y dar valor agregado a los productos”, argumentó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, al dar cuenta que se implementan 33 nuevos proyectos industriales, con una inversión de Bs 3.452 millones, para sustituir importaciones. Lo hizo el fin de semana pasado en una entrevista con Bolivia Tv.
Afirmó que la construcción de las nuevas industrias cuenta con recursos garantizados del Tesoro General de la Nación (TGN) y que se generarán 2.547 empleos. Desglosó que del total, en La Paz se implementan 11; en Santa Cruz, Cochabamba y Beni, cuatro (por separado); en Oruro, Chuquisaca y Tarija, tres (por separado); y en el departamento de Pando, una.
Huanca refirió que se implementa la industria de camélidos en Turco (Oruro), un centro de almacenamiento y transformación de granos en Yacuiba (Tarija) y en El Alto (La Paz) la industria de la papa. A la par, se ejecuta la planta procesadora de para en Incahuasi (Chuquisaca) y una planta industrial de transformación de subproductos de soya en San Julián, en el departamento de Santa Cruz.
En Rurrenabaque (Beni) se construye una planta piscícola y otra en el lago Titicaca (La Paz), para industrializar la trucha. Entre otras, según Huanca, en Achacachi (La Paz) se construye una planta de procesamiento de lácteos y otra en Challapata (Oruro). En Viacha (La Paz) se monta una planta de procesamiento de derivados de cereales -con base de almendra- y la planta de transformación de frutas Bartolina Sisa (en el mismo departamento), para procesar tunas, peras duraznos y uvas.
Según el ministro, la cartera de Estado que preside ejecutó más de Bs 710 millones en 2022, en la implementación de nuevas plantas industriales para sustituir importaciones. “Representa el 71% de su presupuesto programado en inversión pública”, anotó.
En enero, en su cuenta oficial de Twitter, el presidente de Luis Arce aseguró que las estatales Envibol, Cartonbol y Papelbol exportaron en valor más de Bs 22 millones en los dos últimos años. En noviembre de 2022, el Mandatario indicó que, de enero a septiembre de dicho periodo, las empresas públicas bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural generaron hasta el noveno mes de 2022 ingresos por un valor de al menos Bs 1.166 millones
Carga financiera para el país
Con relación a la forma de concretar el objetivo de industrialización, a través de la creación de empresas estatales, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, considera que debe existir una política pública, que se sustente en estudios y análisis de sostenibilidad, pertinencia y viabilidad, además de contar con un plan de crecimiento y previsión que asegure su eficiencia productiva y financiera. “Las plantas industriales que construye el Gobierno se crean y se sostienen con fondos públicos, con recursos de todos los bolivianos y, por eso, deben implementarse con la máxima responsabilidad y cuidado para evitar que fracasen. Aunque no se puede generalizar, hay empresas públicas deficitarias, cuya debacle no se debe a la corrupción ni a la falta de interés u oportunidad, sino a que fueron creadas al calor de entusiasmo político o coyuntural y no como resultado de análisis, estudios, planificación e investigación seria, consistente y transparente, que asegure su éxito”, expresó.
Barbery anotó que las empresas estatales disponen de recursos ilimitado, no responden a directorios que exigen eficiencia, en épocas de crisis pueden obtener más recursos económicos del Banco Central, corren con ventajas en la normativa laboral e impositiva y; pueden lograr monopolio de compras estatales, y por eso suelen dejar de lado los objetivos de eficiencia, diversificación, competitividad y excelencia, y se concentran en el marketing y la imagen. “Siempre vamos a estar de acuerdo con que se abran industrias porque no hay mejor aporte al desarrollo, pero este mecanismo debe responder a una concepción estratégica, participativa, transparente, eficiente y sostenible; de lo contrario, pueden convertirse en una carga financiera para los bolivianos, una competencia desleal para las industrias privadas, un espacio para dar trabajo a militantes o una excusa para mostrar gestión”, dijo.
Desde el Centro Boliviano de Estudios Económicos (Cebec), dependiente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), consideran que las inversiones que piensa ejecutar el Gobierno no son necesarias porque, en algunos casos, son innecesarias dado que ya existe producción nacional (fármacos, resinas, textiles, entre otros).
También porque la creación de pequeñas empresas públicas entre Gobierno central y municipios es menos efectiva que el apoyo a similares industrias en esas locaciones mediante cooperativas, apoyo técnico, etc. Y porque la generación de empleo es muy limitada, a diferencia del esquema de apoyo a las micro y pequeñas empresas en esos sectores.
El Cebec insinúa que la sustitución de importaciones es una estrategia que, bien llevada, puede generar más producción, más empleos y ganancia de divisas al país. Las experiencias más exitosas se encuentran en Asia, donde el énfasis fue fomentar la productividad de las empresas locales del sector privado, con énfasis en la diversificación. A diferencia, en Sudamérica se usó la estrategia en el siglo pasado con la creación de empresas estatales de industria pesada. Esta última resultó un fracaso, a diferencia de la primera.
Una muy mala idea Para Antonio Saravia, doctor en economía, los proyectos de industrialización del Gobierno son una muy mala idea. Primero, porque el Gobierno y los políticos no tienen idea de qué es lo que se debe industrializar o producir. “Esa información la tienen los agentes privados. Los políticos invierten tratando de adivinar esta información y es por eso que la gran mayoría de emprendimientos públicos fracasa. Sino que muestren los balances de las decenas de empresas públicas que se crearon en los últimos 15 años que son deficitarias”, puntualizó. Expresó que toda inversión pública se hace con plata de los bolivianos. “Es nuestra plata la que es usada ineficientemente para dar pegas y botines de corrupción a la gente del partido. Es preferible que no ejecuten el presupuesto en lugar de alardear de ejecutarlo. Eso solo es plata mal usada”, dijo. Saravia insinuó que el objetivo de sustituir importaciones es una ‘tontera enorme’. “¿Por qué empeñarse en sustituir algo en lo que otros países tienen ventaja comparativa y nosotros podemos comprar a buen precio? Sustituir importaciones solo genera ineficiencias. Es mejor concentrarse en producir ventajas comparativas y no en sustituir lo que otros producen eficientemente”, puntualizó. Saravia considera que en lugar de gastar casi $us 500 millones en plantas que terminarán siendo ‘elefantes blancos’, el Gobierno tiene que reducir impuestos, eliminar controles de precios, reducir cupos de exportación y regulaciones. “En otras palabras, dejar que sean los agentes privados los que tomen las riendas del desarrollo”, afirmó. Para Roger Banegas, también economista, si el propósito es la creación de empresas estatales, aumentando el tamaño excesivo actual del Gobierno en la economía, la inversión será contraproducente; sin resultados efectivos. “La experiencia en términos generales nos demuestra que el Gobierno y el sector público, en general, es un mal administrador y es ineficiente en la generación de excedentes económicos; por el contrario, genera déficits”, manifestó. Relievó que la concepción del fomento en la sustitución de importaciones es otra acción fallida porque Bolivia no tiene ventajas comparativas en sectores intensivos en capital. “Es más fácil y más barato importar que producir estos bienes; en otras palabras, sale más costoso y no fomenta la competitividad”, anotó Banegas, al sugerir un ajuste del gasto en el Gobierno, sobre todo, en contraer y cerrar las empresas públicas deficitarias, no crear nuevas. Expresó que la situación del déficit público es crítica para continuar funcionando en este mecanismo espiral. Estimó un déficit estructural superior a $us 3.000 millones/año y superior al 7% del PIB.