Que la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se encuentre sometida a un juicio penal por actos de corrupción evidencia, por un lado, que este fenómeno ha trepado alto y, por otro, la voluntad política de luchar contra este flagelo universal. El juicio ha evidenciado que la corrupción ha sido dirigida, en unos casos y consentida en otros, desde el mismo Gobierno.
La reacción de la exmandataria ha sido declararse inocente, víctima del revanchismo y perseguida política.
El fiscal argentino Diego Luciani ha pedido 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de Cristina Fernández de Kirchner, porque la considera jefa de “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. El pedido de condena es el punto culminante de la llamada “causa Vialidad”, en la que la exmandataria y otros 12 imputados están acusados de desviar fondos del Estado para enriquecerse.
A Cristina Fernández de Kirchner se la acusa de ser la jefa de una organización criminal creada “desde la cúpula del poder”. El fiscal Luciani está convencido de que la vicepresidenta “no podía no saber” lo que sucedía bajo su mando, y tiene un arsenal probatorio para sus acusaciones. También difundió, durante sus alegatos orales, mensajes de WhatsApp donde los acusados mencionan a la por entonces presidenta de dar el visto bueno a tal o cual contrato. El fiscal detalló la existencia de una estructura de corrupción “extraordinaria”, donde el empresario Lázaro Báez monopolizaba contratos millonarios de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
La estructura criminal estaba conformada por varios funcionarios públicos de alto rango que, en una estricta separación de roles, se beneficiaron del Estado, y adoptaron las medidas necesarias para buscar la impunidad. La corrupción fue la regla; se creó un eficaz sistema de corrupción institucional”, expuso el fiscal en el cierre de una acusación especialmente dura y de alto contenido político. La organización mafiosa fue creada durante el mandato de su marido, Néstor Kirchner (2003-2007) y continuada bajo su Gobierno.
El fiscal Luciani estimó en 1.000 millones de dólares el daño causado al Estado a través de 51 contratos de obras viales entregadas a Austral Construcciones, una empresa creada por Lázaro Báez, que en pocos meses se convirtió en millonario. Como argumentos del presunto fraude, la Fiscalía estableció que el patrimonio de Báez creció 12.000% entre 2004 y 2015 y el de su empresa un 46.000%. Durante las tres presidencias del kirchnerismo, Báez solo tuvo como cliente al Estado; mientras su fortuna se multiplicaba, por una veintena de acuerdos comerciales privados con la familia Kirchner.
La mayoría de las licitaciones públicas tenían sobreprecio, no se terminaban las obras contratadas o, cuando se construía eran de tan mala calidad que había que repetirlas. Entre varias acusaciones que tiene la exmandataria, en este juicio se tiene demostrado que no se trata de simples “hechos aislados”, sino de una organización criminal incrustada en los más altos niveles del Gobierno argentino.
El Gobierno kirchnerista ha sido, en realidad, funcional a la corrupción y, por tanto, cada vez se conocerán nuevos hechos y nuevos actores. Lo peor es que las desgracias no vienen solas (como las enfermedades) sino bien acompañadas de otros males como la inversión de valores, el culto al dinero fácil, la impunidad y la espiral de violencia.
La corrupción siempre florece en la oscuridad del totalitarismo, del autoritarismo, del populismo y de las dictaduras, que no admiten la separación de poderes, los controles institucionales cruzados, menos la fiscalización de los medios de comunicación social.
Las prácticas corruptas no son privativas de ningún país en particular. En realidad, existen en todas partes y constituyen una amenaza global que socava la legitimidad de las instituciones, atentan contra la sociedad, el orden y el desarrollo sostenido e integral de los pueblos. La mayoría de los argentinos espera que se sancione con todo el rigor de la ley a la exmandataria, que se afanó la “guita” y le sacó el pan de la boca a los más necesitados que dice representar y defender.