Una batalla de baja intensidad se libra entre el Legislativo y el Ejecutivo a escasas horas de las elecciones generales. La Asamblea Legislativa Plurinacional, dominada por el MAS, censuró ayer a los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, porque no asistieron a la sesión de interpelación convocada por la bancada masista. Los legisladores desconocieron las justificaciones presentadas por las dos autoridades de Estado, aunque sí aceptaron la enviada por la titular de la cartera de Salud, Eidy Roca, que también estaba en la lista de los interpelados. En la otra esquina de la plaza Murillo, en Palacio Quemado, a escasos metros del edificio Legislativo, la presidenta Jeanine Áñez también emitía señales del juego de poder. La mandataria reposesionó a Alberto Javier Morales en el cargo de procurador general del Estado. De esta forma desafiaba a la Asamblea Legislativa que el 6 de octubre aprobó una resolución para objetar la designación de Morales y solicitó el cese de sus funciones de manera inmediata. En esa oportunidad, los legisladores masistas se ampararon en el parágrafo 10 del artículo 12 de la Ley 064, el cual establece que no puede asumir el cargo de procurador un abogado que haya patrocinado procesos judiciales en contra del Estado durante los últimos cinco años. Áñez desconoció el argumento de la Asamblea y repitió la estrategia utilizada el 11 de marzo, cuando ratificó en el cargo al ministro de Defensa, Fernando López, que también había recibido la censura del Legislativo por no comparecer a una sesión de interpelación. Según una fuente gubernamental, los más probable es que la presidenta ratifique a Murillo y a Cárdenas, como ocurrió con el titular de Defensa y el procurador. Consultado, el ministro de Gobierno solo dijo que la destitución o ratificación de un miembro del gabinete es responsabilidad de la presidenta del Estado. Antes, Murillo escribió en Twitter: “Hasta que la Asamblea (del MAS) no pida perdón al pueblo boliviano por el fraude que hizo el masismo, no tiene autoridad moral para llamar a ningún funcionario”. Argumentos La presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), justificó la aplicación de los dos tercios de la votación para censurar a los ministros de Estado. Según la legisladora, Murillo debía comparecer para responder por la compra de armamento no letal con presunta irregularidad, pero adujo que tenía que recibir a una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA), que llegó el lunes al país para participar como observadores en las elecciones del próximo domingo 18. La excusa no fue aceptada por la mayoría masista. La misión de la OEA no es bien vista por el MAS porque por causa del informe de auditoría de las elecciones generales del año pasado, que documentó la existencia de un fraude electoral, el entonces presidente y líder del MAS, Evo Morales, renunció a su cargo y escapó a México en noviembre de 2019. En diciembre se instaló en Argentina, país que le concedió estatus de refugiado político. En el caso de Cárdenas, que debía explicar sobre la suspensión del año escolar, también presentó una excusa que no convenció a los miembros de la bancada que convocó su interpelación. La senadora Copa afirmó que la ministra de Salud no fue censurada porque demostró que se encontraba en la zona de incendios de la Chiquitania e informó de las reuniones en las que debía participar para ofrecer atención a las personas asentadas en las comunidades afectadas por las quemas de los bosques y pastizales. Para la diputada Lourdes Millares, de UD, la programación de una sesión de interpelación a los tres ministros responde a un acto esencialmente político y electoral. “El MAS está generando escenarios para demostrar sus fuerzas en sus decisiones dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es un acto de revanchismo y mensaje directo hacia el voto duro del MAS”, reforzó Millares. La diputada chuquisaqueña señaló que está en manos de la presidenta Jeanine Áñez la destitución o no de los ministros de Gobierno y de Educación. Sin embargo, el MAS exige que se aplique la ley de censura, aprobada recientemente por la Asamblea, pero que no ha sido publicada en Gaceta Oficial. El artículo 158 de la Constitución Política del Estado, en su inciso 18, señala: “Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las ministras o los ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las cámaras. La censura implicará la destitución de la ministra o del ministro”. Sin embargo, la diputada Millares argumenta que la Constitución no establece el plazo para su destitución ni especifica si puede o no reasumir el cargo, como ocurrió con el ministro López. La que sí establece plazos es la Ley que Regula la Censura, aprobada por los dos tercios del MAS en la Asamblea y que no fue promulgada por Jeanine Áñez. Esa norma señala que el ministro o ministra censurada por la Asamblea Legislativa Plurinacional será destituido inmediatamente y no podrá ejercer la función pública durante tres años. En criterio de Millares, está ley no está vigente, además que es inconstitucional porque no considera la presunción de inocencia y vulnera el derecho al trabajo y el derecho político de los ciudadanos. El abogado constitucionalista José Luis Santistevan coincidió en que la Ley que Regula la Censura no está vigente. Además, explicó que Bolivia vive en una constitucionalidad precaria, porque después del 24 de enero los miembros del Ejecutivo y del Legislativo asumieron un rol electoralista y de abuso de poder. Según el experto, ambos órganos están abusando de su autoridad. Desde la Asamblea con la aplicación de leyes y censurando ministros, mientras que desde el Ejecutivo se recurre a la restitución de los funcionarios censurados. “Esto acabará con el nuevo Gobierno”, dijo.
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