Dinero
El sector industrial concentra el 14% del empleo en Bolivia
Comportamiento. La cifra de trabajos en la industria manufacturera, de acuerdo con el informe del INE, creció un 11,2%, entre el cuarto trimestre de 2017 y el mismo lapso de 2018
Sector manufacturero
Este plan propone, para el sector manufacturero, una reducción o eliminación de los impuestos que se trasladan a los precios (como el IVA, el IT, ICE, entre otros), además de ajustar el Impuesto a las Utilidades de las Empresas con alícuotas vinculadas al empleo, consumos intermedios de origen interno/externo, y a la participación de remuneraciones en el valor agregado.
Incluso sugiere un tipo de cambio “pro-producción y empleo”, para disminuir la competencia desleal a la industria nacional y la reducción del “spread” (diferencia entre tasas de interés activas y pasivas) para créditos de inversión con líneas de financiamiento en moneda nacional.
Empresas con alta incidencia en empleo
Entre las medidas para las empresas que generan gran cantidad de empleos y valor agregado se propone implementar una figura de “gasto público directo” mediante contratos de compras del sector público.
La medida busca que el Gobierno impulse programas articulados a escala nacional, departamental y municipal en salud, educación, defensa y medio ambiente para garantizar la demanda, por tres o más años, de la producción nacional en alimentos, confecciones, madera, turismo, entre otros rubros, bajo criterios de mejora permanente de calidad y productividad.
Además, se plantea ampliar los beneficios de los bonos a grupos vulnerables, mediante sistemas de billetera móvil para paquetes de productos de la industria nacional entregados a domicilio, o en puntos de entrega que permitan selecciones personalizadas de productos.
Empresas privadas con compromiso social
La Confederación propone también que aquellas firmas que se incorporen voluntariamente a la categoría de “empresas privadas con compromiso social” estén protegidas por normas específicas que les garanticen estabilidad normativa a largo plazo, a cambio de transparencia contable en la gestión, y de equidad en la distribución del ingreso.
Entre las medidas para este sector se propone promulgar una Ley de Garantía de Estabilidad Normativa, que asegura a las compañías la vigencia por 10 años de las reglas de juego pactadas y en caso de que estas varíen se realicen incentivos y compensaciones.
Las empresas deberán suscribir un compromiso jurado de transparencia administrativa y confidencialidad, que también será para las instancias públicas que accedan a información empresarial.
La contabilidad deberá estar homologada de manera que el cálculo de los indicadores de productividad, valor agregado y distribución del ingreso sean transparentes y accesibles y las instancias involucradas.
Pasos próximos
La Confederación ahora busca consensuar sus propuestas con las empresas privadas, la Cámara Nacional de Industrias y sus filiales departamentales.
Una vez que se logre el consenso, las organizaciones laborales y empresariales convocarán a las autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo para acordar una agenda compartida para la reactivación de la economía nacional en el marco de una “Estrategia para la diversificación productiva en una economía de pleno empleo”.
Panorama económico
La propuesta del sector está sustentada en un estudio que contempla una serie de indicadores que reflejan los números rojos de la economía nacional y el descenso considerable del empleo fabril en los últimos 10 años.
Esa caída, según el análisis del sector, se debe a la incapacidad estructural de la economía para crear oportunidades de empleo digno para todos y como consecuencia directa del modelo extractivista de la economía que, en 200 años de vida económica republicana “es el único rasgo estructural que no ha variado a pesar de todos los cambios pendulares en orientaciones políticas”, subraya el planteamiento.
