La crisis en la Refinería de Palmasola ya no es solo logística, es financiera. Más de 700 cisternas con alrededor de 20 millones de litros de gasolina permanecen paradas desde hace casi un mes, trasladando el costo del bloqueo operativo directamente a las empresas transportistas. Así lo advirtió Sergio Kosky, dirigente cisternero, en el programa Influyentes.
“Tenemos camiones parados pagando sueldos, seguros, viáticos y cuotas bancarias sin mover un metro. Todo corre en contra”, resumió Kosky. A ese cuadro se suma un riesgo técnico clave: la merma por evaporación. Tras 30 días de espera, al momento de descargar puede registrarse una diferencia de hasta dos toneladas por cisterna, un factor que —según el sector— podría derivar en penalizaciones injustas si no se reconoce el tiempo de inmovilización.
El dirigente explicó que los transportistas no compran ni certifican el combustible. “La compra, el pago y los certificados de calidad corresponden a YPFB. Nosotros solo transportamos donde la estatal indica; los tanques viajan precintados y abrirlos es delito”, subrayó. La gasolina detenida proviene principalmente de Paraguay y Argentina.
Mientras tanto, Santa Cruz se abastece con combustible importado desde Chile, que ingresa y sale al mercado sin hacer fila. “Es contradictorio traer producto de Chile cuando hay 15, 16 o 20 millones de litros en la puerta de la planta”, cuestionó Kosky, al tiempo de señalar que la estatal argumenta problemas de mezcla (gasolina base con gasolina blanca y etanol) para explicar la demora.
El impacto humano agrava el balance: conductores viviendo semanas en sus cabinas, con dificultades de alimentación y altas temperaturas, además del riesgo operativo que implica concentrar cientos de cisternas cargadas durante tanto tiempo.
Ante este escenario, el sector pide la aplicación de un régimen de ‘stand by’ remunerado, estándar en el transporte internacional, para cubrir los días de inmovilización y evitar castigos por evaporación. “Hubo tres reuniones y compromisos firmados. El último vence este miércoles. Si no se cumple, las empresas evaluarán medidas”, advirtió Kosky.
El reloj corre y las pérdidas se acumulan. Para los cisterneros, liberar la planta ya no es solo una urgencia logística: es la única forma de frenar un daño económico que crece con cada día de espera.