El presidente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César Gonzales, informó que el sector sostuvo reuniones de diálogo con el Gobierno para analizar la aplicación del monotributo establecido en el Decreto Supremo 5503, norma que —según afirmó— fue mal interpretada y utilizada como argumento para movilizaciones que no reflejan la realidad del mercado.
Gonzales señaló que los gremiales plantearon observaciones técnicas sobre el alcance del monotributo, principalmente para evitar que pequeños comerciantes sean incorporados de forma forzada a un régimen que no se ajusta a su nivel real de ingresos. Aseguró que el diálogo permitió aclarar que la norma apunta a sectores con mayor capacidad económica y no al comercio minorista de subsistencia.
En ese marco, el dirigente cuestionó duramente las movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana, que atribuyen un supuesto incremento de la canasta familiar a la promulgación del decreto. “Queremos dejar en claro que el incremento de precios ya se había dado antes de la promulgación del Decreto Supremo 5503, por lo tanto, no se puede responsabilizar a esta norma de un encarecimiento que viene de meses atrás”, afirmó.
Según Gonzales, los aumentos responden a factores estructurales como el alza de costos logísticos, problemas en el abastecimiento, falta de dólares y especulación en algunos eslabones de la cadena comercial, situaciones que —dijo— vienen afectando al mercado desde antes de la aprobación del decreto.
El representante gremial sostuvo que las protestas generan más perjuicios que soluciones, ya que paralizan la actividad económica, afectan el comercio diario y terminan impactando negativamente en los mismos sectores populares que dicen defender. “Cuando hay bloqueos o marchas, el que pierde es el pequeño comerciante y el consumidor”, remarcó.
Gonzales reiteró la disposición del sector gremial a mantener el diálogo con el Gobierno y pidió que cualquier ajuste tributario sea consensuado y comunicado con claridad, para evitar confusión, confrontación social y el uso político de normas que —según indicó— aún están en proceso de reglamentación.