Tras el incremento salarial donde se definió un alza de 10% al salario mínimo nacional y un 5% al haber básico, Carlos Aranda, economista del Centro de Estudio Populi, considera que el aparato productivo formal boliviano enfrentará crecientes tensiones tras el incremento salarial decretado, especialmente considerando la baja productividad del trabajador promedio.
En 2025, el salario mínimo nacional (SMN) aumentó un 10%, pasando de Bs 2.500 a Bs 2.750. Esto representa para los empleadores un costo laboral mensual efectivo aproximado de Bs 3.600. Al salario nominal se le agregan las cargas sociales obligatorias, equivalentes al 31% adicional.
Aranda considera que la productividad anual promedio por trabajador en Bolivia alcanza aproximadamente Bs 25.758, mientras que el costo laboral anualizado del trabajador que recibe el salario mínimo alcanza aproximadamente Bs 43.200.
“Esto implica que los empleadores pagan aproximadamente un 68% más del valor generado por un trabajador promedio, uno de los desbalances laborales más significativos en América Latina”, precisó.
A tiempo de indicar que el desequilibrio contribuye directamente a un incremento en la informalidad laboral (actualmente superior al 80%), una menor creación de empleos formales, cierre o reducción operativa de empresas con bajos márgenes de rentabilidad y un aumento generalizado en costos operativos, con potencial traslado a precios.
ConsecuenciasEntre las principales consecuencias del nuevo escenario laboral, destaca el aumento de la informalidad: más trabajadores migrarán hacia ese sector ante la incapacidad de las empresas para asumir costos laborales crecientes. También se prevé una menor creación de empleos formales, afectando principalmente a los trabajadores menos calificados.
En 2017, con un incremento salarial del 11%, se registró el cierre de 4.227 empresas en el segundo trimestre. En 2018, tras un aumento salarial del 5,5%, cerraron 3.653 empresas en el segundo trimestre y el incremento en precios, pues las empresas intentarán trasladar incrementos salariales a precios finales, perjudicando especialmente a hogares con menores ingresos.
Mientras que el desafío central, de acuerdo con Aranda, será la implementación de una política salarial que considere diferencias en productividad sectorial, evitando ajustes generalizados que ignoran la realidad económica específica de cada sector.
Acciones para cumplir el DSDe acuerdo con el economista, para cumplir con el Decreto Supremo 5383, el sector formal tendrá que aplicar diversas medidas de ajuste.
Entre las posibles medidas están la reducción de horas laborales para acortar las jornadas o transformar empleos de tiempo completo en empleos parciales; la sustitución de trabajadores, apostando por la contratación de personal más calificado para elevar la productividad promedio; así como una reorganización interna orientada a optimizar operaciones, externalizar funciones no esenciales o reducir beneficios no salariales.
“El Incremento de precios finales será una de las últimas opciones, en donde las empresas menos sensibles a la variación de precios trasladarán parcialmente el costo adicional al consumidor final. En cambio, sectores altamente competitivos o sensibles al precio enfrentarán una fuerte presión financiera, aumentando el riesgo de reducción de operaciones o cierre. Las empresas menos eficientes o con menores márgenes serán las más afectadas por este escenario”, sostuvo Aranda.
Recursos destinadosEn 2024, el sector público destinó aproximadamente Bs 44.700 millones en la partida de Servicios Personales. Considerando que el incremento salarial del 5% se aplica específicamente a salud, educación, policía y fuerzas armadas, que representan cerca del 74% del gasto total en esta partida, se estima que para 2025 el gasto adicional será aproximadamente Bs 1.656 millones.
Esto ejerce presión adicional sobre las finanzas públicas, incrementando la necesidad de financiamiento mediante endeudamiento o reajustes presupuestarios internos.
Los Bs 1.656 millones corresponden al sector público, pero se debe tener en cuenta que el sector privado también deberá realizar un desembolso similar para cumplir con el incremento del alza salarial determinado por el Gobierno días antes del Día del Trabajador.
De acuerdo con el economista, para cumplir con el Decreto Supremo 5383, el sector formal tendrá que aplicar diversas medidas de ajuste.
Entre las posibles medidas están la reducción de horas laborales para acortar las jornadas o transformar empleos de tiempo completo en empleos parciales; la sustitución de trabajadores, apostando por la contratación de personal más calificado para elevar la productividad promedio; así como una reorganización interna orientada a optimizar operaciones, externalizar funciones no esenciales o reducir beneficios no salariales.
“El Incremento de precios finales será una de las últimas opciones, en donde las empresas menos sensibles a la variación de precios trasladarán parcialmente el costo adicional al consumidor final. En cambio, sectores altamente competitivos o sensibles al precio enfrentarán una fuerte presión financiera, aumentando el riesgo de reducción de operaciones o cierre. Las empresas menos eficientes o con menores márgenes serán las más afectadas por este escenario”, sostuvo Aranda.