El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5600, una norma que elimina disposiciones que permiten contrataciones directas de bienes, obras y servicios en el Estado. El nuevo decreto ordena, además, revisar los procesos realizados bajo ese mecanismo para detectar posibles irregularidades.
La medida busca restablecer las reglas generales de contratación pública y transparentar el uso de recursos estatales, según el texto oficial publicado en la Gaceta Oficial.
El objetivo del decreto
El decreto establece que su finalidad es transparentar todos los procesos de contratación directa realizados por las entidades del sector público. Para ello, dispone la abrogación y derogación de decretos supremos que autorizaban contratar de forma directa como una posibilidad de excepción al sistema general de contratación estatal.
En Bolivia, el régimen estándar de contratación pública está definido en el Decreto Supremo 0181, que regula las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, donde se establecen procedimientos como licitaciones públicas y otras modalidades de competencia entre proveedores.
Según el nuevo decreto, varias normas aprobadas en años anteriores permitían evitar esos procesos competitivos, lo que ahora será eliminado para reforzar la transparencia en el manejo de recursos públicos.
¿Qué cambia con la nueva norma?
El Decreto Supremo 5600 establece tres cambios centrales:
1. Eliminación de autorizaciones para contratar sin licitación
La norma abroga decretos supremos y deroga disposiciones que permitían realizar contrataciones directas bajo normativa especial distinta al DS 0181.
Esto significa que las instituciones públicas deberán volver a aplicar el sistema regular de contratación con procesos son públicos y competitivos.
2. Derogación de una figura clave del sistema
El decreto también elimina el artículo 83 Bis del DS 0181, una disposición incorporada en años anteriores que ampliaba las posibilidades de realizar contrataciones directas.
Con su eliminación, se reducen las excepciones que permitían adjudicar contratos sin procesos de licitación.
3. Revisión de contrataciones realizadas
Uno de los puntos centrales de la norma es que los ministerios deberán revisar los procesos de contratación directa realizados bajo los decretos ahora eliminados.
El decreto instruye que cada ministerio realice un relevamiento de estos procesos, tanto los ejecutados por la propia institución como por entidades bajo su dependencia o tuición.
El objetivo de esta revisión es identificar posibles hechos de corrupción o irregularidades en el uso de recursos públicos.
¿Qué pasará con contratos en curso?
El decreto incluye una disposición transitoria para evitar paralizar proyectos en marcha. Las entidades públicas que ya hayan iniciado procesos de contratación directa antes de la vigencia de la norma podrán concluirlos bajo la normativa con la que fueron iniciados.
Esto significa que el cambio no afectará contratos que ya estaban en proceso, pero sí se aplicará para futuras contrataciones.
Excepciones que se mantienen
Aunque elimina varias autorizaciones para contratar directamente, el decreto establece dos excepciones:
• Contrataciones directas autorizadas por ley, siempre que estén reglamentadas por decreto supremo.
• Contrataciones realizadas en el extranjero, que seguirán reguladas por normativa específica.
Reglamentación y control
La norma establece que los ministerios de la Presidencia y de Economía deberán reglamentar el proceso de revisión de contrataciones directas mediante una resolución bi-ministerial en un plazo de 30 días hábiles.
Además, el decreto aclara que su implementación no implicará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación.
Con esta norma, el Gobierno busca reducir las excepciones que permitían adjudicar contratos sin licitación, reforzar los mecanismos de control institucional y revisar contratos ejecutados bajo disposiciones anteriores.
En términos prácticos, el decreto marca un retorno al sistema regular de contratación pública, donde la competencia entre empresas y la transparencia en los procesos son requisitos centrales para el uso de recursos del Estado