El Museo de la Revolución Democrática y Cultural de Orinoca, construido en el altiplano orureño con una inversión superior a 8 millones de dólares, se ha convertido nuevamente en uno de los símbolos del debate sobre el uso de recursos públicos en Bolivia. El presidente Rodrigo Paz relató que visitó personalmente el lugar y lo encontró cerrado.
“Solo encuentras un candado… más de ocho millones de dólares que se gastaron en un tinglado que nadie utiliza”, afirmó el mandatario al referirse al complejo levantado en la localidad natal del expresidente Evo Morales.
El museo es apenas uno de los ejemplos citados por el Gobierno al presentar un decreto que elimina 161 normas que habilitaban contrataciones directas sin licitación, un mecanismo que —según el Ejecutivo— permitió adjudicar proyectos por más de 96 millones de dólares y alrededor de 7.930 millones de bolivianos durante las gestiones del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Un sistema de decretos para contratar sin licitación
Durante la conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, explicó que el Ejecutivo realizó un inventario de decretos que habilitaban contrataciones directas para proyectos específicos o para determinados sectores del Estado.
De acuerdo con el reporte oficial, 105 de esos decretos no establecían montos límites, lo que permitía utilizarlos en cualquier momento para adjudicar contratos sin procesos de licitación pública.
“Eran instrumentos que podían ser utilizados en todo momento para entregar contratos a quien la autoridad de turno decidiera”, explicó Lupo.
Según el ministro, este mecanismo generó un sistema de discrecionalidad en el manejo de recursos públicos, lo que derivó en obras paralizadas, proyectos inconclusos y gasto público sin resultados visibles para la población.
“Lo que hemos encontrado no son errores menores. Son decisiones que afectaron directamente a la gente: hospitales que no funcionaban, infraestructura millonaria abandonada y elefantes blancos por todas partes”, afirmó.
Hospitales paralizados y pacientes sin atención
Entre los casos mencionados por el Gobierno figuran tres unidades de radioterapia en Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, proyectos destinados a atender a pacientes con cáncer que quedaron paralizados con apenas 14% de avance y sin equipamiento médico.
Para las autoridades, el impacto de estas obras inconclusas trasciende el ámbito administrativo. “Cada hospital que no funciona es una oportunidad perdida para una familia boliviana”, sostuvo Lupo.
El ministro también mencionó hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel que permanecen inconclusos pese a inversiones que superan 4.400 millones de bolivianos, una cifra que refleja la magnitud de los recursos comprometidos en infraestructura sanitaria.
Aeropuertos y proyectos cuestionados
El informe presentado por el Ejecutivo también incluye proyectos aeroportuarios que, según el Gobierno, muestran el efecto de las contrataciones directas.
Entre ellos se encuentra el Aeropuerto de Alcantarí, en Chuquisaca, cuya construcción demandó Bs 382 millones, y el Aeropuerto de San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, con una inversión de Bs 215 millones, pero que actualmente tiene escasa operación comercial.
El Gobierno también citó programas agrícolas como la provisión de semillas de papa y proyectos de laboratorios por Bs 126 millones, además de gastos vinculados a eventos con movimientos sociales por 29 millones de bolivianos.
Otro caso mencionado fue la compra de 702 ambulancias por 64 millones de dólares mediante contratación directa, un proceso que generó cuestionamientos en su momento por la ausencia de licitación pública.
“Un modelo de corrupción”
Durante su intervención, el presidente Paz sostuvo que las contrataciones directas se convirtieron en una práctica extendida durante dos décadas de administración estatal del MAS. “Este decreto es un ataque directo a un modelo y a una ideología de la corrupción que se desarrolló durante veinte años”, afirmó.
El mandatario aseguró que el sistema favorecía a empresas o personas vinculadas políticamente. “El requisito para obtener un contrato millonario sin control era ser amigo, pariente o del partido”, sostuvo.
Para el presidente, estas adjudicaciones no pueden ser vistas únicamente como decisiones administrativas. “Estos contratos no son simples papeles, son el dinero de todos los bolivianos. Cuando se gastan estas cantidades de recursos, se le está quitando a la gente capacidad de crecimiento y desarrollo”, señaló.
El nuevo decreto
El Decreto Supremo 5.600 anunciado por el Gobierno establece tres medidas principales: transparentar todas las contrataciones directas, eliminar los mecanismos que permitían adjudicaciones discrecionales y auditar los contratos realizados bajo ese marco legal.
La norma dispone la anulación de los 161 decretos identificados, en especial los 105 que no tenían montos definidos, y establece que las contrataciones públicas deberán realizarse mediante procesos abiertos y con controles institucionales.
Según el ministro Lupo, el objetivo es poner fin a un sistema que permitía adjudicaciones sin control y sin resultados claros para la población.
“Queremos pasar de un sistema opaco a un sistema transparente, con reglas claras y resultados para la gente”, afirmó.
Auditorías y posibles responsabilidades
El Ejecutivo también anunció que se realizará una revisión y auditoría de los contratos firmados bajo estos decretos, un proceso que podría derivar en acciones judiciales.
“Tiene que haber responsables y tiene que haber procesos”, afirmó Lupo.
El presidente coincidió en que las investigaciones permitirán determinar qué ocurrió con los recursos públicos comprometidos en esos proyectos.
“Tienen que responder ante la justicia y ante el país qué hicieron con esos más de 100 millones de dólares y los más de 7.400 millones de bolivianos”, sostuvo.
“Ordenar la casa”
Para el mandatario, la eliminación de estos decretos forma parte de una estrategia más amplia para reorganizar la administración estatal. “Estamos ordenando la casa y liberando la economía paso a paso”, afirmó.
El presidente aseguró que el objetivo es recuperar la confianza de la población en el Estado y garantizar que los recursos públicos se utilicen en proyectos que beneficien directamente a la ciudadanía.
“Los recursos de los bolivianos son sagrados. Un Estado sin control no es fuerte, es un Estado capturado por la corrupción”, concluyó.