El gobierno de Rodrigo Paz Pereira promulgó este lunes el Decreto Supremo 5595, una norma que instruye a todas las instituciones del nivel central del Estado iniciar un proceso de simplificación administrativa con el objetivo de reducir la burocracia, eliminar trámites innecesarios y modernizar la gestión pública en Bolivia.
El decreto plantea lo que el Ejecutivo denomina un “shock desregulatorio”, un proceso extraordinario para revisar las normas, requisitos y procedimientos que actualmente rigen en la administración pública y que, según el Gobierno, han generado el llamado “Estado tranca”, caracterizado por trámites lentos, duplicación de requisitos y excesiva regulación.
Revisión obligatoria de todos los trámites
Uno de los principales mandatos del decreto es que todas las entidades públicas deberán revisar sus procedimientos administrativos, identificar trámites innecesarios y justificar técnicamente cada requisito que exijan a ciudadanos o empresas.
El objetivo es eliminar cargas regulatorias excesivas, simplificar procesos y reducir el tiempo que toma realizar trámites en el sector público.
Las instituciones deberán realizar un inventario completo de sus procedimientos y remitir esta información al Gobierno para su evaluación dentro del proceso de simplificación.
Catálogo Nacional de Trámites
La norma también crea el Catálogo Nacional de Trámites, una base de datos oficial donde deberán registrarse todos los procedimientos administrativos del Estado.
Este catálogo incluirá información detallada sobre cada trámite, como:
• requisitos exigidos
• plazos de atención
• costos
• entidad responsable
• base legal del procedimiento
Una vez implementado, ninguna institución podrá exigir un trámite que no esté incluido en este registro, lo que busca frenar la proliferación de requisitos informales o arbitrarios.
Eliminación de requisitos duplicados
El decreto también ordena reducir los requisitos que ya existen en otras bases de datos del propio Estado. Por ejemplo, las entidades públicas no deberán solicitar documentos que ya estén disponibles en registros oficiales, como datos personales, certificados u otros documentos emitidos por instituciones estatales.
Para ello, el Gobierno impulsará la interoperabilidad entre sistemas públicos, permitiendo que las instituciones compartan información de manera digital.
Digitalización de la gestión pública
Otro eje del decreto es la digitalización de trámites, con el objetivo de reducir la necesidad de presencia física de los ciudadanos en oficinas públicas.
El Gobierno busca que una mayor cantidad de procedimientos se puedan realizar de forma electrónica, lo que permitiría reducir tiempos de atención y costos administrativos.
Evaluación y control institucional
El decreto también establece mecanismos de seguimiento para evaluar el avance de las instituciones en la simplificación de trámites.
Las entidades públicas deberán reportar periódicamente los cambios implementados y los resultados del proceso de simplificación administrativa.
Según el Ejecutivo, estas medidas apuntan a mejorar el clima de inversión, reducir costos para empresas y ciudadanos y hacer más eficiente el funcionamiento del Estado.
Reforma del aparato estatal
El Gobierno sostiene que la reforma responde a la necesidad de modernizar la administración pública y reducir las barreras que afectan la actividad económica.
De acuerdo con las autoridades, el exceso de trámites genera costos significativos para la economía y dificulta el desarrollo de actividades productivas.
Con el Decreto 5595, el Ejecutivo busca iniciar una reingeniería del aparato estatal, orientada a construir una gestión pública más ágil, transparente y eficiente.