El dirigente del transporte pesado, Marcelo Cruz, denunció una grave falta de información y transparencia por parte del Ministerio de Hidrocarburos y de YPFB, en relación con las demoras en la descarga de cisternas con combustible en la planta de Palmasola, situación que mantiene paralizados a cientos de transportistas desde enero.
Según Cruz, en las últimas semanas crecieron los cuestionamientos a la administración de la estatal petrolera, particularmente en lo referido a contratos, procesos de compra, provisión de combustible y el uso recurrente de intermediarios internacionales, lo que —afirmó— está generando sicosis, especulación e incertidumbre en la población y en el sector transportista.
“El problema es que no hay información clara. Las instancias gerenciales tendrían que salir a explicar cuál es la situación real. Hay transportistas perjudicados que están parados desde el 23 de enero sin poder descargar”, señaló.
El dirigente indicó que, de acuerdo con información recogida por el sector, los tanques de almacenamiento no estarían en condiciones adecuadas, lo que estaría impidiendo una descarga fluida del combustible importado. Explicó que algunos depósitos habrían sido utilizados anteriormente para almacenar petróleo, lo que dejó sedimentos y residuos que hoy dificultan el ingreso de gasolina, generando posibles mezclas y problemas de limpieza.
Cruz afirmó que esta situación provocó una acumulación masiva de cisternas en los accesos a la planta. “Estamos hablando de entre 950 y 1.000 cisternas en fila. Ayer se despacharon alrededor de 100 camiones hacia La Paz para aliviar la presión, pero aun así el problema persiste. Hay casos en los que de 40 camiones solo ingresaron 10”, detalló.
El dirigente también alertó sobre los riesgos operativos y de seguridad, al señalar que las cisternas permanecen estacionadas durante semanas en una zona urbana, cargadas con combustible. Si bien reconoció que las unidades cumplen normas de seguridad, advirtió que la evaporación del combustible aumenta con el tiempo, generando mermas económicas que recaen directamente sobre los transportistas.
“Un camión gana cuando está viajando, no cuando está parado. Un mes detenido es un mes perdido de trabajo. Aunque exista alguna compensación, es mínima y no cubre los costos reales, como viáticos diarios y mantenimiento”, explicó.
De acuerdo con Cruz, más de 20 millones de litros de combustible permanecen retenidos en exteriores de la planta, lo que incrementa el riesgo financiero tanto para transportistas como para empresas importadoras, además de afectar la cadena de abastecimiento.
El dirigente exigió que las autoridades y YPFB den un informe público inmediato, expliquen qué ocurrió, qué está ocurriendo y presenten un plan de contingencia con plazos claros. “Eso evitaría la especulación y la incertidumbre. Hoy hay conductores viviendo en sus camiones, muchos de ellos de otros departamentos, sin condiciones mínimas y sin saber cuándo podrán descargar”, concluyó.