La Cámara de Diputados aprobó, la madrugada de este viernes, el proyecto de “Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias por Créditos de Vivienda de Interés Social y Diferimiento de Créditos Otorgados para Vivienda de Interés Social y Créditos a las Unidades Económicas de Tamaño Micro y Pequeña”.La aprobación exacerbó las posiciones en contra, sobre todo porque abrirá un “hueco” en el sistema financiero no solo por los seis meses de aplicación de la ley. Además, alertan de un efecto rebote en la economía del país. Pero por otro lado, pretende aliviar a las familias que no están cumpliendo en el pago de las cuotas de sus créditos, a raíz de la crisis económica.EL DEBER consultó con dos economistas, quienes hicieron un rápido análisis de los pros y los contras de la mencionada normativa, que abre un nuevo conflicto económico para la próxima administración del Estado, a partir del 8 de noviembre.Aliviará (por poco tiempo) la economía de las familiasEl economista Jorge Núñez del Prado recordó que en Bolivia el déficit habitacional es de por lo menos un millón de viviendas y los préstamos para este sector, a través del Crédito hipotecario de vivienda de interés social, es una salida para esta necesidad.“Un proceso de embargo de las viviendas crea un problema social grave, con todas las familias que van a entrar en mora y que se han acogido al programa de vivienda social, y el Gobierno va a ser incapaz de solucionar el problema de una cantidad tan alta de personas que van a quedar sin vivienda y que, no sé, irían a vivir en carpas, parques o a todas partes para poder ubicarse en un lugar donde sobrevivir”, señaló Núñez del Prado.Advirtió que con el cambio de gobierno y la propuesta de reducir el déficit fiscal, se producirá “masacre blanca” en las entidades del Estado, con lo que se generarán mayores índices de desempleo y, aquellas personas no tendrán posibilidad de encontrar una fuente de trabajo en el corto plazo y el sector privado no está en condiciones de absorber parte de esa masa desempleada.“Entonces un diferimiento, una ampliación de créditos es una solución que permite, por lo menos en el corto y mediano plazo, que los bancos puedan presentar sus informes, un buen manejo de los recursos que han recibido y no crear esta crisis de falta de viviendas y de personas que tendrían que estar buscando dónde vivir. Creo que era la solución más salomónica que había y, en ese sentido, han actuado los congresales”, apuntó el economista.Para Ruddy Sanguino, también economista y docente, es “una moneda de dos caras” que, si se toma del lado de los deudores, es positiva porque es una salida alternativa ante la crisis. Sin embargo, la medida no debería aplicarse de forma generalizada, porque existen personas y familias que están en condiciones de pagar sus créditos.“Entonces eso debería liberarse para que aquellos que sí lo puedan hacer y aquellos que no estén en condiciones de seguir pagando, lo puedan hacer sin ningún problema, eso debería contemplar la ley”, sostuvo.Encarecerá los créditos Según lo expuesto por Sanguino, la nueva normativa ejercerá presión sobre la banca, lo que puede elevar los créditos y las tasas de interés. “Y eso lo van a pagar aquellos deudores que sí están pagando, porque la TRe (Tasa de Referencia) va a tender a aumentar. Recordemos que el gobierno está captando muchos recursos por parte de la AFP (Gestora) que depositaban sus recursos en los bancos, pero ahora (la Gestora) está comprando bonos del gobierno, y eso está disminuyendo la captación de recursos que tenían los bancos”.Ante todo ello, Sanguino consideró que a pesar de la medida, la situación económica del país continuará como está. “El problema es estructural, esto que están haciendo no es más que una medida coyuntural paliativa para calmar el dolor nada más. El problema que tenemos como Bolivia es una economía crítica con un modelo que no genera las condiciones para que los agentes puedan tener la suficiente liquidez”, afirmó.Por su parte, Núñez del prado subrayó que los bancos podrían convertirse en una especie de agentes inmobiliarios, “porque quedarían con una gran cantidad de viviendas que teóricamente tendrían que venderlas, alquilarlas, darlas en anticrético para poder solucionar, de alguna manera el problema que tienen. Y eso a los bancos significa un costo extra”, agregó.Informe de AsobanDe acuerdo al Boletín Cifras Bancarias de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), a junio de 2025, se acentuó la contracción del crédito hipotecario, observado en anteriores ediciones, situándose en -1,0%, resultado atribuible al desempeño del crédito hipotecario de vivienda de interés social. “La situación del crédito de vivienda de interés social, que registró una contracción del 2,6% en el último año responde a que los plazos de colocación son largos y la tasa de interés es fija (entre 5,5% y 6,5% por regulación), en un contexto en el que el fondeo para las entidades se contrae, dificultando al sector atender la demanda del público. En adelante, la reactivación de este tipo de crédito requerirá de la revisión de las tasas de interés reguladas”, informó Asoban.