A sus 25 años, Miguel no pudo continuar sus estudios en la carrera de Ingeniería Civil, en la UAGRM, porque necesitaba trabajar más tiempo en su motocicleta, como ‘delivery’ de comida rápida. Hace pocos meses se casó y, aunque aún no tiene hijos, la crisis y la inflación que atraviesa el país, lo obligaron a “hacer más plata”, argumentó.
Los padres de Miguel dicen que el joven “pintaba” para ser buen ingeniero, porque antes de casarse era albañil y es hábil para los cálculos. Tal vez retome los estudios, pero no sabe cuándo.
Otros jóvenes, sin embargo, prefieren continuar esforzándose al estudiar y trabajar al mismo tiempo, incluso sacrificando sus relaciones sociales y la salud.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta el primer trimestre del 2025, el 28,8% de la población ocupada está compuesta por personas de 16 a 28 años y un 2,4% son adolescentes de entre 14 y15 años. El Gobierno ha incluido estos datos para resaltar que la tasa de desempleo es baja, por lo menos en el área urbana, del 3,9%.
A pesar de ello, la crisis económica que atraviesa el país está empujando, cada vez, a más adolescentes y jóvenes a la masa laboral, frenando el talento y empujándolos a empleos precarios.
Alejandro Arze, investigador Asociado del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), sostuvo que algunos indicadores oficiales muestran la “criticidad” de las condiciones laborales y salariales de las y los jóvenes: el 47% percibe ingresos menores o iguales a un salario mínimo nacional; la mayoría (60%) cumple jornadas laborales de más de 8 horas diarias; la gran mayoría depende del Seguro Universal de Salud y no de una caja de salud, a pesar de que el 42% son trabajadores dependientes y sólo el 12% afirmó estar afiliado al sistema de pensiones.
Y aunque la tasa de deserción escolar para cada nivel de instrucción obligatoria (antes de concluir el año académico) era del 0,65% en 2024, esto se debe al esfuerzo de las familias que depositan sus expectativas en el estudio de los jóvenes, incluso en contexto de situación económica negativa. “Por una correlación de sentido, la situación económica de las familias se debe estar precarizando con tal intensidad, como resultado de la crisis, que jóvenes, que seguramente ya trabajaban, están suspendiendo o abandonando sus ciclos de estudio”, indicó Arze.
El investigador del Cedla enfatizó que los jóvenes están capacitados. “Lo que es estrecho es el mercado de trabajo formal, es decir con condiciones adecuadas. Y es estrecho porque la capacidad productiva del país es limitada”.
Agregó que en caso de “fuga de talentos” o “drenaje de cerebros” y su relación con la crisis, lo preocupante, es que el país se perderá un excedente de trabajadores. “Seguramente, lo peor afectado serán obreros especializados, como soldadores u operadores de maquinaria pesada. Eso afecta más que perder algún financista o sociólogo”, advirtió Arze.
Al mismo tiempo, puso en el tapete la “fiebre discursiva sobre el emprendedurismo”, que en ocasiones termina comprometiendo negativamente aspectos como la cobertura de riesgos sociales y la intensificación del trabajo.
Efectos para la economíaBeatriz Muriel, directora ejecutiva de la Fundación Inesad (Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo), ponderó que Bolivia ha avanzado aumentando los años de escolaridad de su población ocupada en las últimas décadas, con lo que existen mejoras estructurales en los talentos y habilidades de los jóvenes.
“Sin embargo, el país ha tenido un desarrollo productivo incipiente y la productividad laboral no ha ido a la par ni siquiera de los países latinoamericanos. Este escenario deviene del hecho de que existe un bajo clima de negocios en el país; que ha limitado el crecimiento de las empresas en escala y adaptación de tecnologías o innovaciones”, consideró Muriel.
Citó, por ejemplo, que el Índice Global de Competitividad (IGC) desarrollado por el Foro Económico Mundial, ha posicionado al país en el último cuartil de países en este ranking. “Por lo tanto, se necesita un entorno más propicio y amigable para los emprendimientos y las empresas y, en particular, para que los jóvenes puedan avanzar en el desarrollo de sus talentos y habilidades”, puntualizó.
En ese sentido, subrayó que desde el punto de vista laboral, la informalidad es un problema importante cuando se asocia con unidades de bajo nivel de productividad. “Sin embargo, esto no se asocia necesariamente con la pérdida de oportunidades de profesionalizarse. De hecho, para los jóvenes, esto podría constituirse en un impulso para adquirir conocimientos mientras trabajan al mismo tiempo. De hecho, la informalidad implica mayor flexibilidad laboral, situación que no se presenta en el sector formal”.
Oportunidades en la crisisJavier Román, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios y Profesionales (Juventud Empresa), la actual situación del país es más bien un escenario alentador, dado que cada crisis presenta oportunidades y, es mediante el apoyo que los jóvenes dan a sus familias que pueden identificar problemas reales y tener contacto con situaciones prácticas.
“Nos encontramos en un momento de cambio a nivel local y a nivel global. La educación formal es lo que muchas veces se llama como ‘los estudios’, sin embargo, creo que ya somos conscientes que los estudios han cambiado mucho en su naturaleza y dónde aprendemos”, expresó.
Román mencionó plataformas como Duolingo, para aprender idiomas; Platzi, para aprender conocimientos más técnicos y habilidades blandas. “Lo mismo surge ahora con ChatGPT. Y esto es sólo si hablamos de nuevas tecnologías. La necesidad de experiencia formal y habilidades reales y prácticas de trabajo ahora son más valoradas en muchos trabajos en contraposición a títulos y certificados”, aseguró.
Sugirió que esta es una excelente chance para la renovación de pénsums universitarios incluyendo carreras enfocadas en ventas, atención al cliente, programación, como computer science, no como ingeniería de sistemas.
“Debemos contemplar muy seriamente el reducir las carreras universitarias a que se completen en cuatro años como máximo, siguiendo el ejemplo del Plan Boloña implementado en la Unión Europea, y facilitando que las prácticas laborales sean verdaderamente compatibles con los últimos dos años de universidad, en donde hay un amplio margen de mejora”, subrayó.
Consideró que la economía del país marchará mejor cuando el desempeño y la competitividad aumente, y eso depende de los resultados del trabajo de las personas sin importar la edad, y de la eficiencia de los trabajadores y de los sistemas implementados por las empresas
¿Qué dice la ley?André Aguilera, abogado experto en Derecho Laboral explicó que en Bolivia la edad mínima para trabajar es de 14 años, en los casos de extrema necesidad y bajo aprobación de la Defensoría de la Niñez y del Ministerio de Trabajo, solamente aprueban en la práctica desde los 16 años.
Sobre la formación técnica o profesional, Aguilera puntualizó que el Estado debe garantizar educación gratuita y obligatoria hasta el nivel secundario (CPE, art. 81); fomentar el acceso a educación técnica, tecnológica y productiva; apoyar con becas, programas de capacitación y políticas públicas de inclusión laboral para jóvenes.
Del mismo modo, aseveró que cuando un país permite que su juventud se quede atrapada en la informalidad, desperdicia talento humano. “Jóvenes con potencial quedan fuera del circuito productivo formal, se perpetúa la pobreza intergeneracional, porque sin formación ni empleo formal, sus hijos repetirán el ciclo. El Estado pierde recursos fiscales (no hay pago de impuestos), aumenta la desigualdad, descontento social y delincuencia, porque los jóvenes sienten que el sistema no ofrece oportunidades reales. Se afecta el desarrollo económico a largo plazo, porque no se construye una fuerza laboral calificada”, agregó.
Dos de cada 10 trabajadores tienen empleo formal, según datos de la OITEl economista Fernando Romero afirmó que, si bien los datos que muestra el INE son alentadores, no reflejan plenamente el verdadero nivel de desempleo o desocupación, lo cual se ha incrementado por la crisis multidimensional que vive el país.
En ese sentido, mencionó que la tasa de informalidad, según datos del FMI y la OIT es de un 85% aproximadamente, es decir, alrededor de 2 de cada 10 trabajadores están solamente en el empleo o trabajo formal y el resto está dentro de la economía o el trabajo informal.
“Yo creo que de cada 100 personas que están en el ámbito informal, al menos deben ser un 35% los jóvenes, desde los 14 hasta los 18 años de edad y que esto refleja una clara situación que no hay las oportunidades pertinentes y oportunas para todos”, señaló.
Romero propuso que debería potencializarse el capital humano, sobre todo de los jóvenes, dándole las condiciones en salud, educación, y oportunidades laborales, “para que ellos puedan desarrollar sus potencialidades, sus talentos y además poder aportar a su país desde diferentes ámbitos profesionales”.
Sostuvo que en contexto de crisis, bajo crecimiento económico, menos inversión y empleo formal, los jóvenes tendrán que escoger entre estudiar, profesionalizarse o trabajar para mantenerse y mantener a su familia. “Eso hace de que se pierda mucho talento, que muchos estén migrando también y que ofrezcan sus conocimientos y sus actitudes en otros lados (...). La crisis está empujando muchos a la informalidad, eso hace que estén dedicándose al trabajo informal y de mala calidad y ya no tanto el estudio, y eso hace que pierdan sus talentos”, concluyó.