Los constructores salieron a las calles en la ciudad de La Paz. En un acto de protesta a escala nacional, el sector exigió un ajuste en los precios de las obras de inversión pública. La movilización, denominada “tractorazo”, demanda un reajuste de casi el 50% en el costo de los trabajos de infraestructura.
Las empresas constructoras demandan un ajuste en los costos de los materiales que se encuentran congelados y que hacen inviable la ejecución de los proyectos. Además, ponen en peligro la viabilidad financiera de estas compañías.
Durante las primeras horas de la movilización, personal de la Unidad de Tránsito y Orden Público se apostó en la avenida Arce para evitar el avance de los vehículos pesados. Sin embargo, posteriormente los uniformados se retiraron, lo que permitió que los camiones y maquinaria encendieran motores para iniciar el recorrido hacia el centro de la ciudad.
El presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), Jaime Llano, explicó que el incremento en los precios de los insumos ha puesto en riesgo la continuidad de los proyectos de infraestructura y la estabilidad financiera de las empresas constructoras.
Según el dirigente, varios materiales utilizados en la construcción han duplicado su precio, lo que provocó que el costo de ejecución de las obras se incremente entre 35% y 50% respecto a los montos establecidos cuando se firmaron los contratos.
“Nosotros, así queramos, no tenemos la posibilidad de continuar con las obras con estos precios. Al firmar un contrato tenemos un techo presupuestario y muchas instituciones nos están exigiendo continuar los trabajos, incluso amenazando con rescindir contratos”, afirmó Llano.
El dirigente explicó que el principal problema afecta a las obras que actualmente se encuentran en ejecución, ya que las empresas deben cumplir contratos firmados bajo condiciones económicas muy distintas a las actuales.
Indicó que, pese a que existen algunas convocatorias nuevas en el sistema de contrataciones públicas que ya contemplan ajustes de precios, la situación más crítica corresponde a los proyectos que están en marcha, donde las constructoras aseguran estar trabajando con pérdidas.
Llano señaló que el sector sostuvo varias reuniones con autoridades del Gobierno para buscar una solución a la problemática. En esas mesas de trabajo se conformó una comisión técnica, encabezada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), con la que se elaboró un borrador de decreto destinado a permitir la actualización de precios en las obras.
No obstante, explicó que el documento debía haber sido aprobado en febrero para entrar en vigencia durante marzo, lo que hasta la fecha no ocurrió.
“Hemos avanzado en las mesas de trabajo y se logró un borrador final del decreto, pero hasta ahora no tenemos respuesta del Ministerio de Economía”, sostuvo.
Ante la falta de avances, las empresas constructoras decidieron iniciar movilizaciones a nivel nacional. Llano advirtió que continuar ejecutando obras con los actuales contratos podría provocar la quiebra de varias compañías del sector o la rescisión de proyectos, lo que afectaría tanto a las empresas como a las instituciones contratantes.
El dirigente también alertó que la situación podría tener un impacto significativo en el empleo. Según datos del sector, alrededor de 500.000 personas dependen directamente de la actividad de la construcción en Bolivia, sin contar las fuentes laborales indirectas que se generan a través de proveedores y servicios vinculados.
“Si continuamos con estos precios, la situación es insostenible. Las empresas están trabajando a pérdida y eso puede derivar en la paralización de obras o en la quiebra de constructoras”, advirtió.
Los movilizados señalaron que mantendrán las protestas hasta obtener una respuesta concreta del Gobierno. La marcha avanzó por el centro paceño con el objetivo de llegar hasta el Ministerio de Economía, donde esperan ser recibidos por las autoridades para retomar el diálogo y encontrar una solución al conflicto.