“El reajuste de precios es un derecho contractual y técnico, porque es inviable cumplir contratos que nacieron bajo una realidad económica hoy inexistente”, expresó el gerente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Javier Arze, durante la protesta denomindada “Tractorazo”, donde se pidió la aprobación de un decreto que permita reajustar hasta en un 50% los costos de los contratos de obras públicas.
En Santa Cruz el “Tractorazo” se realizó en la zona del Cristo Redentor. Los afiliados a la Cadecocruz movilizaron sus maquinarias como medida de reclamo.
“Necesitamos una nivelación urgente en los costos de insumos, materiales, equipos, salarios en la construcción que han quedado totalmente desfasados”, manifestó Arze.
La Cadecocruz enfatizó que según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el Índice de Precios de la Construcción se registró un incremento promedio del 30% en 2025, y materiales e insumos que subieron en sus costos hasta en un 100%.
En La Paz el presidente de la Cámara Departamental de Constructores (Cadeco) de La Paz, Jaime Del Llano expresó la misma demanda, en la protesta que se trasladó hasta inmediaciones del Ministerio de Economía. “No tenemos la posibilidad de continuar con las obras”, enfatizó.
El sector advirtió que el incremento de los materiales de construcción —en algunos casos de hasta el 100%—, el alza de los combustibles y el incremento salarial dispuesto por el Gobierno tras levantar la subvención a los hidrocarburos, son factores que volvieron insostenible la ejecución de proyectos. Los constructores alertan que, sin una solución, se podría llegar a una paralización total que dejaría sin empleo a dos millones de familias.
“El cemento hace más de un año y medio costaba cerca de Bs 42, ahora estamos por encima de los Bs 80 o Bs 84; se ha duplicado el precio. En los agregados también se ha incrementado cerca del 100%. Antes se podía comprar en Bs 100 el agregado puesto en obra, un metro cúbico, y ahora te están cobrando más de Bs 200. Existe una desproporción en esa subida de precios”, explicó Del Llano.
El dirigente también señaló que el incremento del salario mínimo nacional en 20% encarece la ejecución de proyectos, porque impacta en toda la estructura salarial de las empresas. El Gobierno fijó el salario mínimo en Bs 3.300 mediante el Decreto Supremo 5516.
Otro factor que presiona al sector es el incremento del precio de los combustibles, cuyo valor desde el 18 de diciembre de 2025 es de Bs 9,80 por litro de diésel y Bs 6,96 por litro de gasolina.
Según los constructores, todos estos factores generan un desfase significativo entre los costos reales de ejecución de las obras y los montos establecidos en los contratos firmados anteriormente con el Estado.
“Cerca del 80% de las obras ya están paralizadas o con notas buscando alternativas para continuar, pero en realidad ya están paradas. Los materiales representan el 70% del costo de las obras, tienen una incidencia muy grande. El promedio estimado del ajuste que pedimos está entre 30% y 50%, dependiendo del tipo de obra y la cantidad de material”, enfatizó el vicepresidente de Cadeco La Paz, Martín Zurita.
A la espera de un decreto
El 8 de enero de 2026, la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) presentó al Ministerio de Obras Públicas un proyecto de Decreto Supremo para la reactivación económica del sector de la construcción. Sin embargo, señalan que el pedido de reajuste se plantea al Gobierno desde hace más de cuatro meses.
El 28 de enero, el sector demandó el tratamiento de la norma y solicitó además el pago de deudas públicas que ascendían a Bs 1.200 millones en todos los niveles del Estado. Los dirigentes indicaron que entonces se activaron mesas de trabajo con el Ministerio de Obras Públicas y se acordó que la norma se promulgaría hasta febrero; sin embargo, tras la primera quincena de marzo no obtuvieron respuesta.
El proyecto establece la aplicación de un reajuste para los contratos de obra pública en ejecución, basado en el cálculo de costos de mano de obra, materiales, maquinaria y energía. También contempla extensiones de plazo en la ejecución de obras cuando se presenten situaciones extraordinarias como conflictos sociales, desabastecimiento de materiales, dificultades para importar insumos o condiciones climáticas adversas.