En un movimiento que busca frenar el impacto de la conflictividad social sobre la economía regional, la IV Cumbre Público-Privada concluyó este miércoles en Cochabamba con un respaldo unánime a la Ley contra los bloqueos. El encuentro, que reunió a diversos sectores institucionales en la capital valluna, definió esta normativa como una herramienta vital para la supervivencia del aparato productivo.
Según un boletín de prensa emitido este miércoles por la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), la resolución surge tras un análisis técnico de las pérdidas acumuladas y la urgencia de establecer seguridad jurídica en el departamento.
El evento, que consolida un proceso de diálogo iniciado en marzo de 2025, no solo contó con la presencia del sector empresarial. Participaron asambleístas nacionales y departamentales, autoridades de la Gobernación y representantes de los municipios del eje metropolitano (Sacaba, Tiquipaya, Quillacollo, Colcapirhua y Vinto), además del Comité Cívico.
"La Ley contra los bloqueos es una medida estructural orientada a garantizar la libre circulación y la protección del aparato productivo del departamento, en un contexto de crisis económica y conflictividad recurrente", destaca el documento oficial de la FEPC.
Este respaldo se formalizó mediante la presentación de cartas de apoyo institucional, las cuales subrayan que el ejercicio del derecho a la protesta no debe vulnerar el derecho al trabajo y al libre tránsito, principios consagrados en la Constitución Política del Estado.
Uno de los resultados más concretos de esta cumbre, impulsada junto a la Delegación Defensorial Departamental de Cochabamba, es la puesta en marcha del Observatorio Legal y Económico de Seguridad Institucional. Esta instancia técnica permanente se encargará de evaluar el entorno legal y económico de la región para prevenir mayores desgastes.
Los participantes fueron enfáticos al señalar el hartazgo de la sociedad civil frente a las interrupciones en las carreteras: "Cochabamba ya no puede continuar siendo afectado por medidas impulsadas por grupos reducidos que vulneran derechos colectivos", sentenció el boletín de la federación empresarial.
Agenda pendiente
Más allá de la ley antibloqueos, la cumbre ratificó la necesidad de una reforma profunda para la reactivación económica. Los sectores presentes coincidieron en que la agenda legislativa de 2026 debe priorizar:
- Actualización tributaria: Para fomentar la formalización de nuevas empresas.
- Legislación laboral: Orientada a la generación de empleo y competitividad.
- Seguridad jurídica: Para atraer inversiones en servicios y producción.
Con este paso, la FEPC busca consolidar un bloque sólido que presione por soluciones estructurales ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, argumentando que el desgaste económico acumulado ha llegado a un punto crítico para el comercio y los servicios vallunos.